“La exclusión financiera es otra forma de exclusión social que discrimina a la población rural española, donde el 40% de los municipios carece de acceso a servicios financieros presenciales”, así lo manifestaba ayer Lola Merino, la presidenta nacional de AMFAR, Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, en su comparecencia en el Senado para analizar la situación y las medidas necesarias para solventar la “Exclusión Financiera en el Ámbito Rural” ante la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico.
En este sentido, señaló que España es el segundo país europeo, después de Grecia, con peor ratio de acceso a servicios financieros. En España tenemos 3.230 pueblos que no tienen oficina bancaria, ni cajero automático, ni agente financiero, ni ofibuses, ni una oficina de correos que pueda ofrecer a los vecinos de estos municipios los servicios básicos financieros.
En los últimos años, se han cerrado 24.000 oficinas bancarias y 120.000 trabajadores, lo que ha afectado en particular a más de 657.000 habitantes del ámbito rural. Lola Merino explicó que la exclusión financiera es la expulsión de personas, familias, emprendedores, autónomos o territorios enteros de los servicios bancarios necesarios para el pleno desarrollo de su vida personal o laboral.
Una exclusión financiera que tiene mayor incidencia en las personas más vulnerables de la España Rural como son los mayores, mujeres, desempleados o emprendedores que sufren el cierre de las sucursales bancarias, sin que se les hayan ofrecido otras alternativas.
Para Merino, la brecha digital es uno de los grandes retos para paliar esta exclusión financiera. Sin embargo, es otra discriminación que afecta a las zonas rurales que carecen de banda ancha y, por tanto, tampoco pueden acceder a la banca digital. Además, la edad, el género o el lugar de residencia, son también determinantes para poder acceder a estos servicios.
Por tanto, concluyó Merino, la exclusión financiera es otra forma de discriminación que afecta a la población rural y que se suma a otras como la despoblación, el envejecimiento, masculinización, la brecha digital, la escasez de servicios básicos o la carencia de infraestructuras.
Para finalizar, Merino se sumó a la iniciativa de Carlos San Juan, el médico jubilado que hizo viral el lema “soy mayor, no idiota”, que logró recoger 600.000 firmas para denunciar la exclusión bancaria a la que se somete a nuestros mayores, reclamando un trato personal y más humano. Haciendo un paralelismo, la dirigente de AMFAR lanzó otra reivindicación, “soy rural, no soy de segunda división”, reclamando que la población rural debe disfrutar exactamente de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, independientemente de su edad, sexo o lugar de residencia.
“Hay que poner en marcha medidas para paliar la exclusión financiera, medidas que pasan por el compromiso y la voluntad de los responsables políticos, de manera que no existan ciudadanos de primera y de segunda división”, concluyó Merino.
