El primer Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha culminado este jueves con la aprobación de tres resoluciones socialistas para pedir las mismas ayudas contra la despoblación para las comarcas despobladas de Guadalajara que en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, durante una sesión que ha comenzado con una condena de los recientes crímenes machistas de Escalona (Toledo) y Piedrabuena (Ciudad Real) y que ha acogido también la comparecencia del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, para dar cuenta de la situación de la Covid-19 en la región. También han salido adelante dos resoluciones del PSOE sobre siniestralidad laboral y fiscalidad para el sector de autónomos.
El que ha sido también el primer pleno del octavo y último periodo de sesiones de la legislatura ha arrancado pasadas las diez de la mañana con un minuto de silencio en memoria de las dos últimas mujeres asesinadas en crímenes machistas en la región, Elena y Belén, en Escalona el 28 de diciembre y en Piedrabuena el pasado domingo. El presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha expresado en nombre de toda la Cámara la condena por estos y por el resto de asesinatos ocurridos recientemente en el país.
En este minuto de silencio han estado presentes además de los diputados y las diputadas de los tres grupos parlamentarios PSOE, PP y Cs; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro y la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, acompañada en la tribuna de público por la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado.
Por otro lado, cabe reseñar que la portavoz del Grupo Popular, Lola Merino, se ha incorporado a la dinámica parlamentaria después de sufrir una indisposición en la sesión del pasado 15 de diciembre, precisamente durante una intervención en una sesión plenaria. El presidente de las Cortes regionales le ha dedicado unas palabras, celebrando su reincorporación.
Debate sobre ayudas por despoblación
El primero de los debates generales desarrollados llegaba a esta sesión aunando dos iniciativas similares de los grupos Socialista y de Cs y después de que el punto fuese retirado del orden del día de un pleno que tuvo que reanudarse en diciembre tras ser suspendido por la indisposición de la portavoz popular. De este modo, los grupos y el vicepresidente del Gobierno, que ha intervenido al inicio y al cierre, han abordado la solicitud de acceso de las comarcas más despobladas de Guadalajara al régimen de ayudas del que van a disfrutar las provincias de Cuenca, Soria y Teruel.
En la resolución socialista que ha salido adelante sin voto en contra, el parlamento pide al Gobierno de España que traslade a su vez a la Comisión Europea la necesidad de que modifique los criterios de sus Directrices de Ayuda de Finalidad Regional, para que pueda incluir en el Mapa de Ayudas Regionales por despoblación a los municipios guadalajareños. Estos hechos se basan en el hecho de que la provincia de Guadalajara es “contigua y adyacente” a las que ya disfrutan de estas ayudas y a que, si no se tiene en cuenta el Corredor del Henares, el 94% de la provincia de Guadalajara cumple los criterios de densidad de población “para ser considerada de forma parcial como zona escasamente poblada”, que abren las puertas a acceder a este régimen de ayudas.
Debates sobre siniestralidad y autónomos
El siguiente de los debates ha abordado a propuesta de Ciudadanos la siniestralidad laboral en la región. En la resolución socialista que ha salido adelante con sus 19 votos a favor y 13 de la oposición en contra se reconoce el trabajo conjunto del Gobierno regional con los agentes sociales y se ha destacado el incremento de presupuesto destinado a prevención de riesgos laborales, “de forma continua en los últimos años hasta triplicar el que se encontró en 2015”.
Además, esta resolución subraya a su vez “el refuerzo realizado por el Gobierno de España”, que se ha traducido en el aumento “significativo” de subinspectores de Seguridad Laboral y de la plantilla para mejorar la salud y la prevención, con un 22% más de actuaciones; a la vez que apoyan la reforma laboral pactada por sindicatos y patronal y aprobada en las Cortes Generales porque “reduce la temporalidad y la precariedad laboral y, por tanto, influirá en la lucha contra la siniestralidad laboral y en la mejora de las condiciones de seguridad y salud como factor clave para garantizar un trabajo decente y de calidad”.
Mientras, el debate relativo a las medidas fiscales y económicas de los gobiernos nacional y regional para el sector de autónomos ha culminado en la ronda de votaciones, y tras una intervención de cierre de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, con la aprobación de la resolución socialista -de nuevo con 19 votos a favor y 13 en contra-. El texto valora positivamente las medidas lanzadas por el Gobierno regional, en particular la ‘Estrategia de impulso al trabajo autónomo 2022-2025’, dotada con 75 millones de euros para llegar a 100.000 trabajadores, y anima a seguir con el “ritmo de ejecución” del Pacto por la reactivación de Castilla-La Mancha “para seguir contribuyendo al fortalecimiento y modernización de nuestro tejido económico”. Son algunos de los puntos que incluye una resolución que también pide al Gobierno de España que mantenga las medidas de respuesta al impacto de la inflación y la invasión de Ucrania.
Las seis resoluciones de PP y Cs a los tres debates generales han quedado rechazadas en la ronda de votaciones.
Control al Gobierno
Tras las votaciones, ya en el bloque de control al Gobierno, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha comparecido a petición del Grupo Popular para informar acerca de la evolución de pandemia de coronavirus y las medidas a adoptar por parte de Gobierno regional.
Por último, el Consejo de Gobierno ha respondido a tres preguntas del grupo Popular sobre la tasa de desempleo femenino; el Fondo de Contingencia para las entidades del tercer sector de la región; y los periodos hábiles de pesca en los cotos intensivos más importantes de la provincia de Guadalajara. Se ha encargado de responder la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.
