El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Plan Anual Normativo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023 tras recabar las previsiones remitidas por todas las consejerías, “un documento flexible y abierto” en todo caso a nuevas propuestas si fuera necesario, tal y como ha informado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.
El Plan Anual Normativo 2023 contempla seis proyectos de Ley, como son los Presupuestos Generales JCCM 2024; la Ley de Agricultura Familiar, Banco de Tierras y Zonas de protección agraria; la Ley de Accesibilidad; la Ley de impulso a la docencia, formación e investigación del sistema sanitario; la Ley de Garantías de Atención Especializada y la Ley de Derechos al final de la vida.
Además de esos seis proyectos de Ley, el Plan Anual Normativo prevé, a priori, otras 65 iniciativas reglamentarias distribuidas entre las distintas consejerías de la Junta de Comunidades. Así, Agricultura, Agua y Desarrollo Rural e Igualdad y Portavoz han propuesto una iniciativa cada una de ellas; dos en el caso de Fomento; cinco en el área de Bienestar Social; Desarrollo Sostenible por su parte presenta siete; con diez iniciativas están las carteras de Economía, Empresas y Empleo, y de Sanidad; once en Hacienda y Administraciones Públicas; y 18 iniciativas en lo que respecta a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Entrando en algún detalle más, Blanca Fernández ha explicado que las iniciativas reglamentarias regularán el servicio de teleasistencia y el catálogo de prestaciones del sistema público de Servicios Sociales; el decreto regulador y de fomento de la soberanía y sostenibilidad alimentaria y el Decreto por el que se dictan las normas de desarrollo para la calificación de las empresas de inserción.
En materia educativa, se establecerán los currículos de diferentes cursos de especialización de Formación Profesional y de ciclos formativos de Grado medio y Grado superior y se abordará la regulación del plan integral de enseñanza de lenguas extranjeras para etapas educativas no universitarias; un par de decretos desde Fomento para regular el suelo rústico y el patrimonio público del suelo o el decreto que regula la Red de Salud Mental de Castilla-La Mancha.
También tendrán cabida adaptaciones de índole presupuestaria a lo dispuesto en la legislación básica del Estado; reglamentos de desarrollo de la Ley de Espectáculos Públicos y de las escuelas taurinas; o los decretos obligados en un año electoral, como son los relativos a los medios materiales o al límite de los gastos electorales para las elecciones autonómicas de 2023.
Por último, desde el ámbito sanitario se pretende regular la prestación de atención dental infanto-juvenil y a las personas con discapacidad que presenten determinadas condiciones clínicas; la provisión de plazas en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM); el impulso a la gestión de la calidad y seguridad del paciente en el sistema sanitario; la regulación de la Red de salud mental y de la publicidad sanitaria en la Comunidad Autónoma; o el Decreto por el que se regula el régimen de garantías de los tiempos máximos de respuesta.
