El pasado lunes 21 de noviembre tuvimos una reunión, solicitada de urgencia por EPA, con las representantes de la Comisión Europea en España, Dña. Ma Ángeles Benítez Salas (Directora de la Representación de la CE en España) y Dña. María Canal Fontcuberta (Consejera Económica).
El motivo de dicha reunión fue el trasladarles las acciones emprendidas por EPA, junto al bufete de abogados Navas&Cusí, que nos representa, desde el pasado mes de junio de 2021, haciendo hincapié en que, en este momento, la CE tiene dos denuncias aceptadas por el Parlamento Europeo y una queja admitida a trámite por el Ombudsman. Que es inadmisible seguir escudándose en el análisis de una ley 20/21 cuando ya hay dos casos de prejudiciales posteriores a dicha ley, ante el TJUE y cuando ya el propio TJUE tiene jurisprudencia al respecto del abuso de contratación temporal por incumplimiento de la Directiva 1999/70.
Como representantes directas de la CE en España, les hemos instado a que se pongan en contacto directo con su homólogo en Bruselas para resolver una respuesta urgente sobre el CHAPTER 2013, ya que, la impresión que están dando, a día de hoy, es de una absoluta ineficiencia y negligencia que deja en muy mal lugar a las instituciones europeas.
En cuanto a la posición de EPA como Lobby Europeo, mostramos nuestra firmeza y determinación a la hora de perseguir una solución satisfactoria para los socios que representamos y advertimos a la CE de la imagen que calaría en los ciudadanos europeos si nos viésemos obligados a denunciar a la propia institución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Consultada sobre la repercusión que la figura del Ombudsman tiene, tanto para las instituciones europeas como para los Estados miembros, la Sra. Benítez reconoció el importante calado que supone que haya sida admitida nuestra queja y que, desde luego, las respuestas derivadas de esta figura son de suma importancia y determinantes a la hora de tomar medidas que respondan a sus observaciones.
En lo tocante a materia económica y a la luz de los datos que aportamos sobre las repercusiones que tendrán para España el seguir vulnerando de forma flagrante la directiva europea en cuanto a la contratación en abuso de los trabajadores públicos, la Sra. Canal afirma que el gasto económico para España sería inasumible y que, con estos informes, no es viable el envío de los fondos europeos de recuperación.
No parece congruente la información aportada por EPA y el bufete de Navas&Cusí, con los informes económicos insuficientes presentados por el gobierno de España. Lo que hace pensar en que se pudiesen estar manejando datos erróneos por parte de los órganos de control del Estado español, habida cuenta que todos los portales de transparencia, tanto de Comunidades Autónomas como la Administración General del Estado, muestran una total opacidad, incumpliendo también con el requisito que su propio nombre indica ¡TRANSPARENCIA!
Cuestiones que derivan de todo este despropósito gestado y alimentado por políticos y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, sumado a la inasumible postura de la Comisión Europea, llevan a plantear una deriva de gravísimas consecuencias que repercutirán durante años:
- Negligencia e Inacción de las instituciones europeas responsables. Directamente la CE y el Jefe de Unidad, el Sr. Adam Pokorny.
- Precarización de TODOS los servicios públicos españoles: educación y sanidad, son los
principales y que más trabajadores representan, con unas cifras que se sitúan en más de la mitad de los trabajadores en activo. - Despidos masivos de personal experimentado, en abuso de contratación, cuando hay carencia de profesionales y escasez de plazas. Las plazas ofertadas no incrementan, “cambian” a unos trabajadores por otros manteniendo la precariedad.
- Vulneración flagrante del Efecto Útil de las Directivas Europeas.
- Opacidad y falsedad en los datos sobre el número de temporales en abuso y fraude de ley.
Ninguna administración de función pública revela los datos reales. Plazas de CUPO: que no están reflejadas en ningún sitio. - Indemnizaciones incalculables para el Estado, vinculadas a los fondos europeos.
- Alto número de mujeres, sector de la población más afectado por los abusos laborales.
- Atropello a los Derechos Fundamentales. Se está atentando contra varios de los principios a los que la UE está adherida. Sería de una gravedad impensable que hubiese que llevar a la propia CE ante el TEDH.
- Desprestigio y desafección, por parte de los ciudadanos, hacia las instituciones europeas por su falta de actuación eficaz hacia este problema. Deriva antieuropeísta.
Los interinos en fraude de ley estamos desamparados por el reino de España y tb. por Europa que mira para otro lado .Las leyes son para cumplirlas tanto en el sector privado como en el publico no debe de haber dos raseras distintas para medir …el gobierno de España y los sindicatos nos han desahuciado por completo.La batalla sera larga pero el final la ganaremos .un daludo.