El juicio contra C.A.B.C., acusado del asesinato y descuartizamiento de N.P.R.G. en Santander en agosto de 2020, cuando esta se encontraba embarazada de 16 semanas, ha alcanzado su octava vista oral este miércoles en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
Al igual que en las últimas sesiones previas, el juicio se ha centrado en el testimonio de peritos técnicos que se han encargado de analizar pormenorizadamente las pruebas encontradas durante las pesquisas realizadas por los agente de policía de Santander in situ.
Concretamente, peritos encargados del análisis de los restos biológicos encontrados en la vivienda alquilada por la pareja en la capital cántabra, así como los restos descuartizados de la víctima.
El alto grado de complejidad de los análisis realizados sobre la ropa, las muestras localizadas en el lugar de los hechos y en el cuerpo de la víctima, han obligado a centrar los interrogatorios en el esclarecimiento de su significado.
En esencia, indicios que cimentan la reconstrucción de los hechos recogidos por los agentes de policía encargados de la investigación.
Según los informes policiales y el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la víctima fue asesinada mediante estrangulamiento por su pareja mientras se encontraban alojados en un piso de alquiler en Santander, el 20 de agosto de 2020.
Posteriormente, según la acusación, el acusado procedió a descuartizar el cadáver con una herramienta de cocina adquirida en un bazar cercano, y trasladó los restos en un carrito de la compra hasta un parque cercano y de difícil acceso, donde se deshizo de ellos.
Las circunstancias del crimen, en la intimidad del domicilio donde vivía temporalmente la pareja, cuya residencia habitual se encontraba en Ciudad Real, obligaron a los agentes encargados de la investigación a realizar una búsqueda pormenorizada a través de medios técnicos.
De hecho, en un primer momento, la investigación se centró en localizar a la víctima, declarada desaparecida a raíz de una serie de denuncias de sus familiares y de la propia madre del acusado.
El examen de las cámaras de una comisaría cercana, la estación de Santander y los sistemas de videovigilancia de tráfico, permitieron a los agentes de policía reconstruir los pasos del acusado tras, presuntamente, cometer el asesinato.
De esta forma, lograron ubicar el lugar dónde se encontraban el cadáver de la mujer.
TESTIMONIOS CLAVE
El jurado popular compuesto por nueve personas ha tenido ocasión a lo largo de estas ocho sesiones de contemplar un desfile de testimonios de las decenas de personas implicadas en la investigación y la reconstrucción de los hechos.
Previamente, durante las primeras vistas orales, tuvieron la oportunidad de presenciar algunos testimonios clave, entre ellos, el del acusado, que se centró en negar los hechos y su vinculación con la víctima, llegando a sostener, en momentos de su testimonio, que no se encontraba en Santander en el momento de los hechos.
También la declaración de la madre del acusado, S.P.C.E., primera persona en alertar a la policía de Ciudad Real sobre el riesgo de que N.P.R.G. hubiese sido víctima de su hijo.
A pesar de que en su declaración negó haber transmitido a los agentes de policía que temía por la seguridad de N.P.R.G., testimonios posteriores de agentes de Ciudad Real, así como grabaciones de los familiares de la víctima que mantuvieron un encuentro con ella, corroboran que la misma fue quien dio pié a la policía a iniciar la investigación tomando como punto de partida un posible crimen cometido por el acusado.
Ambos testimonios, junto a los de una trabajadora social ligada a una asociación de mujeres, revelaron un trasfondo de prostitución, así como la intención de la víctima de acudir a los servicios sociales el día en que fue asesinada.
Asimismo, los agentes encargados de compilar las investigaciones de cara a la realización de un informe final, transmitieron al jurado que solo el seguimiento de los pasos del acusado les permitió localizar a la víctima, en septiembre de 2020.
ELEVADA COMPLEJIDAD DE LAS PRUEBAS
Tanto el rastreo de los pasos del acusado como la reconstrucción del crimen a través de investigación pericial, han exigido una extensa labor de descripción y explicación a lo largo de las vistas orales celebradas.
Para obtener pruebas audiovisuales, los técnicos policiales encargados se vieron obligados al visionado un ingente volumen de grabaciones.
Un estudio que les permitió realizar una reconstrucción cronológica de los pasos del acusado, en sus dos viajes desde la vivienda hasta el lugar donde depositó el cuerpo en bolsas de basura.
Para facilitar esta reconstrucción, los agentes tuvieron que requerir la elaboración de una infografía que el jurado también ha tenido la posibilidad de ver.
Asimismo, las pruebas forenses han precisado para su explicación las declaraciones de numerosos técnicos provenientes tanto de Santander como de Madrid, y que han construido un testimonio extremadamente gráfico sobre el modus operandi del crimen.
ACUSACIÓN DE ASESINATO, ABORTO Y PROFANACIÓN
Las vistas orales continuarán hasta el 21 de noviembre. Posteriormente, el jurado tendrá que evaluar la totalidad de pruebas y testimonios mostrados durante estas sesiones para tomar un veredicto.
De declarar culpable al acusado, este se enfrenta a posibles penas máximas de 25 años por asesinato con alevosía, 8 años por aborto y 5 meses por profanación del cadáver, un total de 33 años y 5 meses.
Penas solicitadas tanto por el fiscal como por los representantes de la acusación particular y la acusación popular.
