El acusado de asesinar y descuartizar a su pareja –que estaba embarazada– y descuartizarla en Santander ha negado su vinculación sentimental con la víctima, declarándose homosexual e indicando que la relación de ambos se basaba en su actividad profesional, ya que ambos ejercían la prostitución.
Según sus declaraciones ante las preguntas del Ministerio Fiscal, tanto él como la víctima trabajaban como personas de compañía. Según C.A.B.C., cuyo juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, la víctima y él no mantenían una relación de pareja, sino que mantenían únicamente una relación de amistad.
El encausado, que mantiene su inocencia, ha contradicho el relato presentado en la acusación del Ministerio Fiscal, sosteniendo que tan solo le brindaba su apoyo económico por amistad. Asimismo, ha negado su implicación con los hechos, negando su implicación en el asesinato de N.P.R.G.
Además, ha afirmado que los desplazamientos registrados por las cámaras de seguridad que le sitúan entre el lugar de los hechos y la ubicación en la cual se encontraron los restos se debían únicamente al traslado de bebidas alcohólicas.
C.A.B.C. ha declarado que cuando acudió a una comisaría de Policía días después de la desaparición de N.P.R.G. lo hizo para presentar una denuncia por robo, circunstancia en la que habló de la desaparición de la víctima. Sin embargo, ha afirmado que desconocía lo que le había sucedido a la misma y que no presentó denuncia dado que no sabía si se encontraba efectivamente desaparecida.
LA MADRE DEL ACUSADO NIEGA SU TESTIMONIO
Por su parte, la madre del acusado ha negado haber declarado ante la Policía que temía por la seguridad de la víctima N.P.R.G. y por las posibles acciones de su hijo.
Durante su testimonio, la madre del acusado ha sostenido que desconocía por completo el estado de la víctima y ha negado el contenido de las declaraciones que realizó a la Policía cuando acudió a una comisaría días después de la desaparición de N.P.R.G.
S.P.C.E., madre del acusado C.A.B.C., ha declarado ante las preguntas del Ministerio Fiscal y de los abogados de la acusación particular, que se preocupó por la desaparición de N.P.R.G. Por el contrario, ha sostenido que en ningún momento creyó que su hijo pudiese hacerle daño.
Asimismo, ante preguntas del abogado de la familia de la víctima, presente en el juicio como acusación particular, ha rechazado haber comunicado a los familiares que conocía los hechos.
Por otra parte, ha manifestado no recordar si su hijo se había puesto en contacto con ella para decirle que la víctima había fallecido tras sufrir un atropello.
LOS HERMANOS DE LA VÍCTIMA CONTRADICEN A S.P.C.E.
Por su parte, J.A.R.G. y D.R.G., hermanos de la fallecida, han contradicho la versión de la madre del acusado y han sostenido que ella les dijo que conocía los hechos, señalando además que grabaron esa conversación en un audio de WhatsApp.
Así, ambos hermanos han relatado que acudieron a casa de la madre de C.A.B.C. a recoger unas maletas de su hermana y que, al llegar allí, S.P.C.E. «se puso de rodillas y entró en llanto» contándoles que su hermana «no estaba viva» y que había «cosas que ella sabía» pero que no podía contarle a la Policía.
Los dos han asegurado además que S.C.P.E. no se encontraba afectada por el consumo de alcohol en el momento en el que aquello sucedió, insistiendo en que la madre del acusado «estaba en sus cinco sentidos».
De igual modo, ambos han explicado que acudieron a denunciar la desaparición de la fallecida porque les resultó sospechoso que el acusado no se pusiese en contacto con ellos hasta una semana después para comunicarles que su hermana se había ido de casa.
EL MINISTERIO FISCAL PIDE LA PENA MÁS ELEVADA
Según la acusación del fiscal, entre las 11.30 y las 15.00 horas del 20 de agosto de 2020, el acusado asesinó mediante estrangulamiento a su pareja en una vivienda de Santander, a la que se habían trasladado desde Ciudad Real el día 9 del mismo mes.
Posteriormente, descuartizó el cadáver y trató de ocultar los restos en un parque de la ciudad cántabra. En el momento de su muerte, la víctima se encontraba embarazada de 16 semanas. Tras matarla, según el relato del fiscal, procedió a descuartizarla para deshacerse de los restos en un parque de la localidad cántabra.
Por estos hechos, tanto el Ministerio Fiscal como los abogados de la acusación particular, los familiares de la víctima y la Junta, solicitan las penas máximas de 25 años por asesinato con alevosía, 8 años por aborto y 5 meses por profanación del cadáver. Una pena total de 33 años y 5 meses.
El fiscal ha recordado que el caso se ubica en el ámbito de la violencia de género. Asimismo, ha recordado que la víctima permaneció desaparecida durante cerca de un mes para sus allegados, no siendo localizados sus restos hasta el 17 de septiembre de 2020.
También ha indicado que el acusado cuenta con numerosos antecedentes de violencia doméstica y violencia de género, habiendo sido condenado en cuatro ocasiones anteriormente.
Para sostener la acusación, la Fiscalía ha adelantado que presentará a su admisión una serie de pruebas, consistentes en una huella dactilar encontrada en el envoltorio de la piqueta empleada para descuartizar el cadáver, restos de sangre y ADN en la vivienda y las pruebas audiovisuales que sitúan al acusado en tránsito entre el lugar de los hechos y la ubicación donde trató de deshacerse del cadáver.
Junto al Ministerio Fiscal, se encuentran personados como acusación particular los familiares de la víctima, así como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que secundan la petición de penas máximas para el acusado.
JUICIO POR JURADO POPULAR
Un jurado popular compuesto por 9 personas elegidas por sorteo será el encargado de dictaminar un veredicto tras las vistas orales del juicio que tendrán lugar hasta el 21 de noviembre en la Audiencia Provincial.
La figura del jurado, establecida en el ordenamiento jurídico español por ley en 1995, tan solo aparece en el ámbito penal y en una serie restringida de delitos, entre los que se encuentran los cometidos contra la integridad física de personas.
La primera intervención del Ministerio Fiscal ha ido dirigida a las personas que componen el jurado, planteándoles la responsabilidad que supone asumir la administración de Justicia.
