Sentencia con indemnización histórica contra el SESCAM, por negligencia médica en un parto, que “amortigua el daño” ocasionado

Un acuerdo de la acusación particular con la compañía aseguradora del SESCAM (Zúrich y Mapfre) ha puesto fin al proceso judicial, evitando de esta manera que el asunto llegue al Tribunal Supremo, y concluya el calvario de una familia que lleva una década esperando una respuesta de la Justicia. La sentencia incluye la mayor indemnización de la historia de España por una negligencia médica, 5,2 millones de euros, a los padres de Paula, una niña que mañana cumplirá diez años, por las gravísimas lesiones ocasionadas durante el parto que tuvo lugar en el Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas.

Tanto la primera sentencia de un Juzgado de lo Penal de Ciudad Real dictada en 2019, como la posterior de la Audiencia Nacional de 2022, condenan a la matrona y al ginecólogo que atendieron a Ascensión P. como autores de un delito de lesiones por “imprudencia profesional menos grave”; y, asimismo, como responsables civiles al SESCAM y las aseguradoras Mapfre y Zúrich.  

Esta mañana han comparecido en un hotel de la capital para explicar los detalles del caso la madre de la menor afectada, la presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, y el letrado que ha dirigido el caso, Francisco Javier Fernández-Bravo.

“Los padres no nos sentimos apoyados por el Gobierno o la Sanidad”, lamentaba Ascensión, emocionada y casi sin poder articular palabra. “Si no tienes dinero -explicaba-, tus hijos no reciben rehabilitación, fisioterapia, ni pueden darles atenciones en casa”. Qué hacemos con ellos, se ha preguntado, porque “hasta los seis años tienen atención temprana pero después los dejan solos”. Por ello, ha pedido al Gobierno “que tenga a los niños en cuenta, y que vele por ellos”.

Su hija Paula no puede moverse, se alimenta con una sonda y ni siquiera tiene reflejo de toser, por lo que necesita casi atenciones constantes. Sus padres, ha relatado, no pueden ausentarse de casa más allá de quince o veinte minutos, dado el nivel de cuidados que la menor requiere. Desde el nacimiento de Paula, la familia no ha disfrutado de unas vacaciones ni de un baño en las Lagunas de Ruidera, cercanas a su residencia.

«Me hubiese gustado que alguien me dijera que fue una negligencia. Pero yo no sé si podría perdonarles. Una cosa es que hubiera pasado sin que lo supieran, pero lo sabían. Me dijeron que tenía el cordón al cuello y pregunté que si me harían cesárea, y me dijeron que no me preocupara. Eso no puedo perdonarlo», ha reiterado la madre ante los medios.

Ha afirmado que durante el transcurso de la vida de su hija el «miedo» ha estado siempre presente, por tener que estar con ella siempre por las dificultades que presenta y por la discapacidad.

Y, cada vez, «cuesta un poco más», ya que con la edad incluso se le están luxando las caderas, la espalda se resiente más y hay que estar con cuidado permanente para cambiarla de posición.

Para una correcta atención, la familia ha tenido que asumir gastos de adaptación de la vivienda, además de que llevan «mucho tiempo» pagando fisioterapia, todo ello con un salario familiar de 1.200 euros que «no llegaba».

Sobre el montante de la indemnización, Ascensión comentaba que llevan diez años sufriendo, porque “hay gente que no lo tiene en cuenta” y pone el acento “en el dinero”. “Yo les digo que si pudiera cambiar la salud de su hijo por la de la mía, les daba los cinco millones de euros, sin pensármelo dos veces”, concluía.

El abogado ha destacado la necesidad de sensibilizar a la sociedad de este tipo de situaciones. Con la sentencia y el posterior acuerdo, decía, culmina una “lucha” de diez años y para lograr “una solución medianamente justa”. Con la indemnización, recalcaba Fernández-Bravo, se logra “amortiguar el daño” que se ha causado, “no solo por las lesiones de Paula, sino haber destrozado la vida de una familia”.

En la misma línea se ha manifestado la presidenta de El Defensor del Paciente, enfatizando en el “sufrimiento es atroz” que la negligencia acarrea a la familia. Carmen Flores ha reclamado que las sentencias de este tipo acarreen una inhabilitación aparejada a la indemnización. “No quiero ver un médico en la cárcel, pero sí que no vuelva a destrozar la vida de otro ser humano”, ha afirmado. “La atención a estos niños -o no tan niños- debe estar en la cartera de servicios de todas las comunidades autónomas y ser una exigencia del Gobierno”, añadía.