El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) tendrá que indemnizar con 5,2 millones de euros a los padres de una niña de Valdepeñas por las lesiones ocasionadas durante el parto en el hospital de esta localidad.
Según informado el Defensor del Paciente, un acuerdo entre la acusación particular con las compañías aseguradoras del Sescam (Zúrich y Mapfre) ha evitado que el asunto llegue al Tribunal Supremo.
Un acuerdo que ha llegado tras la primera sentencia de un Juzgado de lo Penal de Ciudad Real dictada en el año 2019, así como la posterior de la Audiencia Provincial del año 2022.
Dichos fallos condenaban a una matrona y un ginecólogo del Hospital de Valdepeñas como autores de un delito de lesiones por imprudencia profesional menos grave a la pena de nueve meses de multa a razón de una cuota diaria de diez euros, condenando también como responsables civiles al Sescam y las aseguradoras Mapfre y Zúrich.
Así, la compañías aseguradoras acaban de indemnizar a la menor y a sus familiares por importe de 2.591.498 euros en concepto de indemnización principal, más 2.356.726 euros en concepto de intereses y capitalización de la pensión anual, lo que unido a las costas del procedimiento, aún por tasar, alcanzarán una cantidad de 5,2 millones de euros.
El Defensor del Paciente indica que por medio de este acuerdo se finaliza el procedimiento iniciado en el año 2013 y se declara firme la sentencia que, acogiendo los argumentos del abogado Francisco Fernández-Bravo, de los Servicios Jurídicos de la Asociación, condena tanto al ginecólogo como a la matrona.
Es por ello que los perjudicados –A.P.C. y J.J.S.– como padres y representantes legales de P.S.C., acaban de ser indemnizados en la cuantía de 4.948.224 euros restando tan solo tasar las costas del procedimiento.
LOS HECHOS
Las sentencias, facilitada por Defensor del Paciente, indica que A.P.C. acudió 14 de octubre de 2012 al Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas por encontrarse con síntomas de parto. «Había tenido una gestación normal y todos los controles previos habían resultado normales».
A ello añade que durante el control de la evolución del parto la matrona «decidió prescindir de una de las dos cinchas que se utilizan para la monitorización de la frecuencia cardiaca fetal y el control de la dinámica uterina del sistema Eco-Doppler, sistema que tiene por finalidad la detección de los signos precoces indicativos de una posible pérdida de bienestar fetal, esa decisión impidió que se controlase efectivamente la situación física del feto».
«Tampoco se dio importancia a los 26 episodios de disminución de la frecuencia cardiaca del feto, a niveles de 80 e incluso 60 latidos por minuto que se marcan en el registro gráfico ni a las 9 anotaciones de bradicardia que quedaron impresas en dicha tira, esto es, descensos de la frecuencia cardiaca fetal, claras e inequívocas señales de alarma en la evolución de ese período de parto», relata el abogado Francisco Fernández-Bravo.
Según reconocen las sentencias, pese a estas «claras e inequívocas señales de alarma» en la evolución, tanto el ginecólogo como la matrona respectivamente, encargados del seguimiento y control del parto «y apartándose de la pericia que les era exigible en atención a sus conocimientos, con un proceder absolutamente negligente, no adoptaron las medidas necesarias encaminadas a solucionar la situación de pérdida de bienestar fetal, en orden a la finalización del parto y evitación de un sufrimiento fetal irreversible».
A raíz del «deficiente control y seguimiento» durante el período del parto, la recién nacida sufrió «un grave y severo daño neurológico» como consecuencia de la falta de oxígeno, causada por el descenso repetido y mantenido de la frecuencia cardiaca fetal.
En la actualidad, la menor presenta encefalopatía hipóxico-isquémica con parálisis infantil grave de predominio distónico, convulsiones, alimentación mediante sonda de gastrostomía endoscópica.
Asimismo, ha permanecido hospitalizada durante 91 días en el Servicio de UCI de Neonatología del Hospital de Albacete, precisando de diversas intervenciones quirúrgicas.
Por su parte, la presidenta de la Asociación, Carmen Flores, manifiesta las penas accesorias de inhabilitación de los profesionales que causan este tipo de daños tan graves por un actuar tan descuidado «debían ser más habituales».
Pues deberían cesar de inmediato asesor jurídico del centro, gerente y direcciones, porque salen muy caros, mantenerles el puesto….verás cuando se entere del descontrol de traumatología en este cortijo el presi.