Malas compañías

En la primera legislatura, —después de la constituyente—, le preguntaron a Blas Piñar —entonces diputado por la coalición Unión Nacional—, qué cómo se sentía entre políticos de partidos minoritarios y tan diferentes, cuando no contrarios a los postulados que defendía su coalición. Junto a su escaño, estaba, entre otros, el de Fernando Sagaseta, elegido por la Unión del Pueblo Canario. Él dijo que aquello era como cuando se viaja en metro, uno no elige la compañía y te has de conformar con quien te toca a tu lado.

Es verdad que en el Congreso de los Diputados hay compañías obligadas, debido a los acuerdos de los grupos parlamentarios que asignan a cada miembro de la Cámara una ubicación concreta en el hemiciclo. Pero también las hay elegidas voluntariamente. Y son estas las verdaderamente importantes en cada legislatura. Sobre todo, las que, por estar en coalición o apoyándolo desde fuera, dan estabilidad parlamentaria al gobierno.

Hace unos días, el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, hacía unas sorprendentes declaraciones al diario El Mundo, en las que ponía de manifiesto que, «El problema de los socios que apoyan al Gobierno es que, además de que son muchos, bastantes de ellos llevan en su código político la voluntad de desestabilizar el Estado. De atacarlo e incluso de romperlo. Son malas compañías«, decía.

Continuaba su relato comentando, «Si no trabajamos en un modelo mayoritario, en el que pidamos autonomía y mayoría sólida para el PSOE, si seguimos con las mismas compañías, es evidente que va a haber un castigo” —se entiende que en las próximas contiendas electorales locales, autonómicas y nacionales, previstas para el año 2023.

Es evidente que, con estas declaraciones, el señor Page, no solo busca su supervivencia política —aunque quizás también—, sino que lo que plantea es un enfoque en clave nacional para Castilla-La Mancha. Un gobierno central fuerte parece favorecer más a los territorios más deprimidos, —demográfica y económicamente—, y con menor o inexistente nacionalismo, independientemente del partido que gobierne. Entiende que el Estado debe de modular, supervisar y exigir el cumplimiento de la Constitución y de nuestro ordenamiento jurídico, además de coordinar el desarrollo autonómico y el reparto de los recursos públicos, conforme a criterios de solidaridad entre las comunidades autónomas, y no sometido a las insaciables exigencias de los partidos nacionalistas o separatistas.

Pero nuestro presidente autonómico va más allá. Se muestra partidario de pactar los grandes asuntos de Estado con el PP y con su líder, Alberto Núñez Feijóo, del que dice, no creo que sea «insolvente», como han afirmado desde el Ejecutivo, ni que sea acertado decirlo. Y termina diciendo, «Yo, de Feijóo, al que conozco bastante, tengo un buen concepto en lo político y en lo personal, al margen de que discrepemos de enfoques de gestión pública».

Aunque una parte del electorado socialista sigue apoyando al actual presidente del gobierno, también es cierto que el desgaste del poder en estos últimos tres años, hace que cada vez sean más los militantes que ven inasumible entregar al grupo minoritario del gobierno, el protagonismo en la presentación de las políticas sociales a los ciudadanos españoles. Y que, el apoyo externo del grupo Frankenstein —tal como lo llamaba Alfredo Pérez Rubalcaba—, les está desprestigiando y restando posibilidades para ser la fuerza política mayoritaria en los próximos comicios nacionales.

No todo vale y a cualquier precio, menos. Hay una amplia base electoral de nuestro país que es muy permeable entre los dos grandes partidos —aunque a los socios minoritarios del gobierno, les parezca que así se reedita el bipartidismo que les sigue produciendo grima—. Algunos gurús socialistas, creen que la apuesta por la tensión permanente con la oposición puede favorecerles electoralmente. Pero, en estos momentos, quizás este sea un grave error estratégico del principal partido del gobierno, porque de esta forma puede estar reduciendo su propio espacio político y cediéndolo gratuitamente a la oposición.

Decía Cicerón, historia magistra vitae est, —la historia es maestra de la vida—. Y Page lo sabe bien. En las elecciones regionales de 1999, —en las que él mismo fue elegido diputado regional por Toledo— el señor Bono, diluyó las siglas del PSOE, ampliando su base electoral con una coalición ad hoc con los progresistas, ya que su partido lastraba, más que favorecía, sus expectativas electorales en nuestra región. Y con ello, el presidente albaceteño, volvió a ganar el gobierno regional de Castilla-La Mancha. 

El problema es que a Emiliano García Page, la dirección de su partido, no le perdona que siga siendo un verso suelto y que discrepe de la línea oficial marcada por Ferraz, en cuanto a los pactos o acuerdos alcanzados por Presidencia del Gobierno, con grupos separatistas. Y sabe que, —aunque sea arriesgada esta decisión—, la actual Ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, puede ser la tapada del señor Sánchez para sustituirlo, en cualquier momento.