Un total de 100.000 familias de Castilla-La Mancha podrán beneficiarse de las ayudas a la compra y accesibilidad de viviendas particulares con un presupuesto de 58 millones de euros que se corresponden con la primera parte del Plan de Vivienda 2022-25. Unas ayudas que se suman a las ya aprobadas en el Bono de Alquiler Joven, que en la región se ejecutará con 16 millones de euros.
Así lo ha destacado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, que en rueda de prensa ha explicado que el Consejo de Gobierno fue informado este martes de las bases reguladoras para desplegar cinco líneas de ayudas, que ha calificado como «muy importantes».
«Estas ayudas suponen una inyección muy importante para familias y jóvenes que se quieren independizar en un contexto económico incierto, con 100.000 familias y jóvenes», ha dicho.
Fernández ha explicado que, una de las líneas de ayudas se proporcionará durante dos años y cubrirá el 50 por ciento del coste, que no puede superar los 600 euros mensuales, un límite que llegaría hasta los 900 euros para las familias numerosas o con algún miembro que tenga discapacidad. En caso de alquiler de habitaciones, la renta ascendería hasta 300 euros.
Para aquellos inquilinos con situación económica de vulnerabilidad, las ayudas podrían llegar al cien por cien, cuando la información sea aportada por los servicios sociales y tendría una duración de 24 meses. En el caso de alquiler de vivienda por parte de los jóvenes en municipios de menos de 10.000 habitantes, podrían llegar al 60 por ciento del precio mensual, unas ayudas compatibles con el bono joven.
Para jóvenes en el medio rural que quieran comprar una vivienda de hasta 120.000 euros en municipios de menos de 10.000 habitantes o menos, la ayuda podría ascender hasta el 20 por ciento, con un límite de 10.800 euros. Sobre estos programas, Fernández ha explicado que el Gobierno regional «está interesado en que los jóvenes se queden a vivir en su pueblo».
Respecto a la mejora de la accesibilidad, están las destinadas a unifamiliares y las relacionadas con edificios colectivos. En unifamiliares, la cuantía puede alcanzar hasta el 60 por ciento del coste de la adecuación y el porcentaje se puede incrementar hasta el 80 por ciento si residen personas con discapacidad o mayores de 65 años. Las ayudas son de hasta 12.500 euros por vivienda y pueden subir hasta 15.000 si hay una persona con discapacidad y hasta 18.000 si la discapacidad iguala o supera el 33 por ciento.
En actuaciones en edificios de viviendas de tipología residencial colectiva el límite será de 9.000 euros por vivienda y 90 euros por metro cuadrado de superficie construida de local comercial u otros usos compatibles; será de 15.000 euros si residiera una persona con discapacidad y 18.000 euros, como en el caso anterior, si la persona con discapacidad tuviera un 33 por ciento o más.
Para viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva los límites ascenderán a 6.000 euros por vivienda; 15.000 si residiera una persona con discapacidad y 18.000 si esta persona tuviera una discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
En cuanto a los límites unitarios indicados, éstos se incrementarán en 3.000 euros más por vivienda en edificios o viviendas declaradas bien de interés cultural, catalogados o que cuenten con algún nivel de protección en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia hasta el agotamiento del crédito.
Finalmente, Fernández ha hecho hincapié en que «a lo largo de la legislatura se habrán invertido, como mínimo, 250 millones de euros en diferentes líneas que ayudan a las familias y a las personas jóvenes tanto al alquiler, a la rehabilitación, la compra o mejora de su vivienda en un contexto de inflación e incertidumbre en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo que quiere es desplegar ayudas y certezas».
