El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado en su primera sesión del nuevo periodo de sesiones dos resoluciones socialistas en las que muestra su respaldo a las políticas impulsadas por los diferentes gobiernos contra la inflación y la crisis derivada de la crisis de la guerra en Ucrania y, por otro lado, apuesta por “continuar trabajando con la mayor celeridad posible” en las medidas contra ocupación ilegal de viviendas que aprobó la propia Cámara en diciembre de 2020.
Debate sobre ‘okupación’ de viviendas
La vuelta al debate político en el Salón de Plenos tras el verano ha comenzado con un debate general propuesto por el Grupo Popular relativo a “la adopción urgente de medidas para la evitación y prevención de la ocupación ilegal”, en cuya apertura y cierre ha intervenido el consejero de Fomento, Nacho Hernando.
En la ronda de votaciones ha salido adelante la resolución socialista -con sus 18 votos a favor y los 13 de la oposición en contra- que pide “continuar trabajando, con la mayor celeridad posible, en la adopción de medidas para evitar y prevenir la ocupación ilegal”, citando expresamente las recogidas en el Proyecto de ‘Ley de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas’ que fue registrada por el Grupo Socialista en las cortes y aprobada en la Cámara el 17 de diciembre, con los votos a favor de PSOE y Cs y la abstención del PP.
Debate sobre economía
El siguiente de los debates, también ha propuesta del Grupo Popular, versaba sobre “la necesidad de adoptar medidas urgentes para frenar la subida del coste de la vida y el empeoramiento de la economía de Castilla-La Mancha” ha contado con la intervención del vicepresidente del Gobierno autonómico, José Luis Martínez Guijarro.
La resolución socialista aprobada (con el mismo resultado que en la votación anterior) incluye nueve puntos en los que se muestra el respaldo a las medidas emprendidas por los gobiernos regional, español y europeo para hacer frente a “la repercusión negativa” en la economía de la Guerra de Putin en Ucrania. De este modo, la Cámara da el visto bueno a “la política fiscal realizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha”, así como “la apuesta decidida por las energías renovables, limpias y sostenibles” y, entre otras medidas, la legislación aprobada en el propio parlamento como las leyes SUMA, de Medidas urgentes para la declaración de proyectos prioritarios o para agilizar proyectos de energías renovables.
En el mismo sentido, también se da el apoyo expreso por su “impacto positivo” en la región al plan contra la pobreza energética, las medidas de protección social del Ejecutivo de García-Page y, de manera general, “la política económica” de su gobierno “fundamentada en el diálogo y el pacto con los agentes sociales” por sus efectos en la reducción del desempleo, el incremento de las exportaciones, la recuperación del turismo o, entre otros beneficios, la atracción de inversiones.
Frente a esto, la resolución socialista pide “el compromiso” para que en el futuro “las situaciones de crisis no se resuelvan por los procedimientos utilizados en su día por el Partido Popular durante la gran recesión de 2008 y, muy particularmente, durante el Gobierno de Cospedal (2011-2015), caracterizado por amplios recortes en los servicios sociales, despidos masivos, desmesuradas subidas de impuestos y desamparo a empresas, autónomos y trabajadores, que pusieron en grave peligro la cohesión social y económica de nuestra región”.
En la ronda de votaciones, pasada la una de la tarde, han sido rechazadas también las cuatro resoluciones a los debates generales, planteadas por los dos grupos de la oposición.
El Pleno presidido por Pablo Bellido en el Convento de San Gil de Toledo se ha desarrollado durante más de tres horas y media. Antes de empezar, el Gobierno retiró el tercer punto del orden del día, con comparecencia de Educación sobre el inicio del curso. La sesión ha culminado con el bloque de control al gobierno, en el que el Grupo Popular ha preguntado acerca de la Atención Primaria, la atención hospitalaria en la Gerencia de Hellín e “incumplimientos” de la Ley de Cadena Alimentaria por parte de industrias lácteas, cuestiones que han sido respondidas por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
