El Gobierno instará a empresas, oficinas, negocios, centros comerciales y transportes a controlar las condiciones de temperatura para evitar el despilfarro energético, en el marco del paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético que aprobará en el Consejo de Ministros del próximo lunes.
El objetivo es que en verano los aires acondicionados de locales, establecimientos y transportes no estén por debajo de los 27 grados, mientras que en invierno los sistemas de calefacción no deberían superar los 19 grados, según informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de las medidas.
Este primer paquete de medidas estará dirigido al sector privado, pero no tendrá carácter coercitivo, y se prevé que los hogares queden al margen en una primera instancia.
El Ejecutivo también apelará a racionalizar los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación y equipamiento ofimático de los edificios de oficinas, así como el resto de los equipos consumidores de energía, de manera que se minimice su uso energético, trasladando así parte del plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal, aprobado el pasado mes de mayo.
Se prevé que las medidas incluyan también el impulso de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en edificios, que podrían contar con subvenciones. Cabe señalar que este viernes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha adaptado una serie de medidas que simplifican los trámites para contratar el autoconsumo eléctrico en España, con el objetivo de impulsar la entrada de energías renovables, la descarbonización de la economía y la competencia en el mercado minorista.
En concreto, el regulador ha simplificado los trámites administrativos relacionados con la contratación, facturación y reclamaciones del autoconsumo de baja potencia y colectivo.
Con vistas a la racionalización del uso de los edificios, se recomendarán medidas que mantengan un nivel óptimo de ocupación de los inmuebles.
Por el momento se desconoce si el paquete de medidas incluirá, al igual que ocurrió con el plan de ahorro de la Administración, la recomendación del refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia, a fin de reducir el impacto energético producido, tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo, como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo.
MAYOR USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
En cualquier caso, se da por hecho que el Ejecutivo apostará por promover el uso del transporte público o colectivo y otras medidas de movilidad sostenible, aprovechando que el Gobierno bonificará el 100% de los abonos de varios viajes para Cercanías, Rodalies y trenes de media distancia operados por Renfe, por lo que pasarán a ser gratuitos desde el 1 de septiembre de este año hasta el 31 de diciembre.
También se fomentará el uso de la bicicleta como ejemplo de transporte sostenible, facilitando puntos de estacionamiento.
El Gobierno espera que estas medidas sean suficientes para cumplir con el acuerdo alcanzado con Bruselas por el que España se compromete a reducir en un 7% el consumo de gas, con el objetivo de reducir la dependencia europea al gas procedente de Rusia.
El Ejecutivo adopta este plan después de la ronda de consultas mantenida entre la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con todos los actores (asociaciones de consumidores, energéticas, agentes sociales, grupos parlamentarios, etc.) en los últimos días.
Esta propuesta planteará también sustituir el uso del gas por otros combustibles allí donde sea posible, así como impulsar la electrificación de la demanda y la entrada de más renovables.
Las medidas de este plan se enmarcan dentro de la estrategia de la Unión Europea para enfrentarse a ese posible corte del suministro de gas por parte de Rusia.
El pasado 13 de julio, Ribera afirmó que la situación de España es «más halagüeña» que en otros países del entorno debido, entre otros factores, a la diversificación en su suministro de gas natural, la capacidad de sus plantas de regasificación y de unos niveles de los almacenamientos subterráneos (72%) y de los tanques de las plantas de gas licuado (80%) en «máximos históricos».
No obstante, subrayó que este escenario de tensión hace que se esté en una situación de «tranquilidad relativa», por lo que apostó por un plan para abordar el uso más inteligente posible de la energía, impulsando así el ahorro y la eficiencia energética.
