UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, ha intensificado su ofensiva contra el fraude eléctrico en Ciudad Real, con el objetivo de prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas, y para reducir el coste para el sistema eléctrico que, según la regulación vigente, asumen el resto de los clientes a través de su factura. Desde enero de 2021, UFD ha realizado en la provincia de Ciudad Real cerca de 4.400 actuaciones, un 40% de la cuales corresponden a lo que llevamos de este año.
Este tipo de actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza, como a las que conviven con ella y a sus vecinos. Por ello, la compañía está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en Castilla-La Mancha, donde ya ha actuado de forma intensa en el área de La Sagra (Toledo) y más recientemente en las localidades de Puertollano, Ciudad Real, Tomelloso, Malagón, Bolaños y Porzuna.
Asimismo, el fraude eléctrico representa un quebranto económico para el sistema eléctrico, ya que el coste de la energía defraudada recae en el conjunto de los usuarios, según la regulación vigente. La repercusión de este fraude en Castilla-La Mancha representa más de 40 millones de euros al año, lo que supone una media de 66 euros anuales por cada cliente que sí cumple con sus obligaciones de pago de la energía que consumen.
Durante los últimos meses, directivos de UFD han explicado de primera mano esta campaña de lucha contra el fraude a las administraciones locales y regionales.
Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013, tras la irrupción de la crisis económica, y desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado un 7,5%.
Además del grave peligro y el perjuicio económico que entraña esta práctica, también incide negativamente en la calidad y continuidad del suministro de los clientes conectados legalmente.
La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.
