Más de la mitad de las pymes de entre 10 y 49 trabajadores de la provincia han solicitado ya su kit digital para mejorar su competitividad en la web, modernizar su tecnología y actualizar sus soluciones informáticas.
Para el diputado nacional Miguel González Caballero, la adhesión de estas 1.098 empresas a esta iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez constituye todo un éxito y pone de manifiesto las ganas que hay en las empresas de la provincia por mejorar tecnológicamente y por avanzar en su digitalización.
El programa kit digital pone más de tres mil millones de euros a disposición de las empresas que, en el caso de las pymes entre 10 y 49 trabajadores, pueden acceder a un bono de hasta doce mil euros para mejorar su presencia en internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales y clientes, servicios de oficina virtual o ciberseguridad, entre otras.
De este modo, ha asegurado el parlamentario socialista, “facilitamos que nuestras empresas, que ya hacen las cosas muy bien, se abran al mundo para que cada vez más gente las conozca y adquiera sus productos”.
Asimismo, González Caballero ha apuntado que con la digitalización no solo se facilita la permanencia de las empresas en el territorio, sino que se posibilita que vengan nuevas firmas a instalarse en nuestra tierra que pueden comercializar sus productos desde aquí gracias a las facilidades que aportan las nuevas tecnologías.
La solicitud de estas ayudas, que para microempresas de menos de diez empleados pueden ser de hasta seis mil euros y de dos mil en el caso de los autónomos, se puede gestionar a través de las webs https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital o https://www.red.es/es.
El parlamentario por la provincia ha animado a todas las empresas de la provincia a que no dejen pasar esta oportunidad para mejorar su competitividad y ha recordado que el kit digital forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia auspiciado por el Gobierno de Pedro Sánchez para canalizar los fondos destinados por Europa a reparar los daños provocados por la crisis del COVID-19, una estrategia cuya puesta en marcha el PP intentó boicotear ante la Unión Europea.
