Como ya declarara el alcalde de Luciana, Dioni Vicente, los pasados meses tras conocer que el PP de la localidad le había denunciado por prevaricación, la intención estaba clara y se trataba de dañar su imagen personal.
Queda ratificada la inexistencia de prevaricación y todo tipo de acusaciones vertidas contra el alcalde con el archivo de la denuncia por parte de Fiscalía y por tanto y en palabras del alcalde de Luciana “Los concejales del PP que me acusaban deben dimitir”.
El señor Miguel Ángel Valverde, presidente del Partido Popular, se debe pronunciar y apartar de sus cargos a los concejales del PP de Luciana “que se dedican a entorpecer la acción municipal y a intentar dañar mi imagen” pues de lo contrario quedaría claro que es cómplice y consiente este tipo de conductas deplorables y antidemocráticas
Esta actuación roza el delito puesto que durante el pleno celebrado el pasado día 1 de julio de 2022 en el ayuntamiento de Luciana, el propio concejal portavoz del PP que interpuso la denuncia contra el primer edil de la localidad reconoce en una de sus intervenciones que “sabía que delito no era y que no había prevaricación” elemento que pone en valor el poco sentido de responsabilidad denunciando hechos falsos y entorpeciendo de este modo el buen funcionamiento de la Justicia.
Los vecinos y vecinas de Luciana se merecen una oposición que colabore en la construcción del proyecto de futuro de Luciana y no personas que han entendido la política desde una posición de enfrentamiento, de ataque personal, sin principios ni valores y con una absoluta falta de responsabilidad.
Se evidencia aún más esta circunstancia viendo la actitud del PP de Luciana ante nuevas acusaciones sin fundamento relacionadas con una explotación apícola.
El Alcalde de la localidad ha manifestado la voluntad de mantener su compromiso con Luciana que se traduce en el trabajo diario que realiza junto a todos y cada uno de los trabajadores municipales a los que agradece el esfuerzo, así como los numerosos apoyos que está recibiendo tras la noticia de archivo de la Fiscalía y la intención de crear el servicio de vivienda tutelada y su significado a nivel de desarrollo económico y social.
