La Delegación de OCU en Castilla-La Mancha denuncia la falta de electrolineras en los parkings y estacionamientos de la región, sobre todo en espacios públicos. La normativa aprobada en 2016 de baja tensión para la instalación de puntos de recarga de coches eléctricos (conocida como ITC-BT-52) ya instaba a la instalación de electrolineras en una proporción mínima una por cada 40 plazas. Y el reciente Real Decreto 29/2021, en su artículo 4, obliga definitivamente a instalarlas en los espacios públicos de estacionamiento antes del próximo 1 de enero de 2023.
Así, por ejemplo, en Toledo, la plaza de Filipinas que cuenta con 192 plazas públicas de estacionamiento, debería contar con cinco dotaciones de recarga; el de Tránsito, tres más; y el de Seminario, con 103 plazas, también tres. En Ciudad Real, por su parte, el aparcamiento Puerta de Toledo de 80 plazas de estacionamiento público debería contar con dos estaciones de recarga; y el de Julio Melgar con 330 plazas, ocho. En Guadalajara, el aparcamiento de la plaza de Santo Domingo con 306 plazas, debería tener siete dotaciones; la Llanilla con 185 plazas, cinco. En Albacete, por ejemplo, el parking San Agustín con 300 plazas requiere siete electrolineras. Y en Cuenca, el parking Auditorio con 243 plazas otras seis.
Sin embargo, desde la Delegación de OCU en Castilla-La Mancha, se observan numerosos aparcamientos públicos que no cumplen con la normativa, ya que muchos no cuentan tan siquiera con algún punto de recarga. Además, en ocasiones estas plazas no están señalizadas con el distintivo S17, ni aparece un pictograma con un coche cargando la batería. En algunos casos puede deberse a un simple desconocimiento del articulado y supuestos de esta ley.
Pero es que tampoco se cumplen las recomendaciones de la nueva Directiva 2014/94 de la Unión Europea que insta a los Estados miembro a crear un punto de recarga accesible por cada diez vehículos.
Por todo ello, OCU insta a las corporaciones municipales de Castilla-La Mancha a aplicar la normativa de instalación de puntos de recarga en los aparcamientos y parkings públicos regulados lo antes posible. Idealmente en los próximos siete meses, antes del plazo máximo establecido, que vence el 1 de enero de 2023.
