La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha iniciado hoy junto a Jusapol (plataforma integrada por Jupol, sindicato mayoritario de la Policía, y Jucil, asociación mayoritaria de la Guardia Civil) un calendario de movilizaciones en defensa de la dignidad de los empleados públicos, que arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 15% desde 2010 y que en Castilla-La Mancha se eleva hasta el 22% por efecto de la inflación y la conocida como ‘tasa Cospedal’.
La escalada de precios de los últimos meses supone un empobrecimiento generalizado del conjunto de la sociedad que también afecta a los empleados públicos, a las condiciones laborales y a los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, así como a los trabajadores de la empresa privada.
CSIF lleva solicitando desde el mes de marzo la apertura de la negociación, pero ante el mutismo de la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha dado inicio a este proceso de movilizaciones. Es necesario dignificar el trabajo de los empleados públicos, su esfuerzo y responsabilidad, su profesionalidad y entrega a lo largo de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.
En CSIF denunciamos que el conjunto de trabajadores públicos está contribuyendo al Pacto de Rentas desde hace 11 años, por lo que exigimos un acuerdo plurianual que permita mitigar los efectos de la inflación sobre las nóminas de los trabajadores de las administraciones públicas.
Desde CSIF consideramos que los empleados públicos se sienten maltratados. A la pérdida de poder adquisitivo hay que sumar el déficit y el envejecimiento estructural de las plantillas, así como la alta temporalidad en el conjunto de las Administraciones Públicas. Asimismo, es preciso fijar el adelanto en la edad de jubilación a determinados colectivos por su actividad y mantener el régimen de Clases Pasivas, corrigiendo la desigualdad en la cuantía de las pensiones.
CLAVE REGIONAL
Pero además de esta movilización, que CSIF y Jusapol llevamos a cabo para pedir medidas al Gobierno central, también expresamos nuestro malestar por el abandono y maltrato que padecen los empleados públicos por parte del Ejecutivo que preside Emiliano García-Page: profesionales desbordados, contratos y condicionales laborales precarias, trabajadores despedidos en verano, falta de efectivos y recursos, derechos congelados, falta de medidas ante las agresiones…
A ello se suman las malas condiciones laborales que afronta un número muy importante de trabajadores de la empresa privada, así como la temporalidad y una terrible siniestralidad.
Mientras todo esto está pasando en nuestra región, CSIF censura la concesión por parte del Gobierno de García-Page de más de 47 millones de euros a CCOO, UGT y Cecam, además de que ha engrosado su estructura, duplicando el número de altos cargos, con un gasto anual superior a los 9 millones de euros.
CSIF Castilla-La Mancha, que ya se manifestó el 28 de abril en Toledo frente al Palacio de Fuensalida, vuelve a pedirle al presidente de la Junta de Comunidades que fortalezca los servicios públicos, que acabe con la precariedad laboral y que trabaje por mejorar la calidad de vida de todos los castellano-manchegos.
La devolución de la “tasa Cospedal” en 2019 costó 90 millones de euros a Castilla La Mancha para compensar la pérdida de poder adquisitivo durante la legislatura del Partido Popular……
Pérdida de poder adquisitivo?…., ¿de qué jojojojojo?
Con vox en las autonomías se acabarán las peticiones de estos gandules. Irse a recoger melones o a la hostelería que se trabaja solo media jornada de 12 horas desde siempre.