Paula Fernández.- Es necesario hacer un pequeño esfuerzo de memoria histórica para analizar la importancia de los impuestos en la construcción de los estados de bienestar.
Fue a partir de la 2ª Guerra Mundial cuando, en una parte de Europa, se crearon Estados sociales y democráticos sustentados en sistemas fiscales potentes, así se consiguió que una parte de la riqueza que se creaba anualmente, recaudada vía impuestos, se utilizara por los estados para una redistribución justa de la misma, lo que permitió la gratuidad de la sanidad, de la enseñanza, el cobro de las pensiones, etc. A esto se llamó “modelo social europeo”. Un modelo que, salvo algunas excepciones, no existe en ninguna otra región del mundo, ni en América, ni en Asia, África u Oceanía.
Así hemos llegado hasta hoy con diferentes altibajos a través de estos casi 70 años. En nuestro país la llegada al poder del PSOE en 1982 supuso una puesta a punto de este modelo social no conocido hasta entonces, avanzando en la modernización y la generalización de los sistemas sanitario y educativo principalmente.
Hoy en 2022 los retos a los que nos enfrentamos para garantizar y mantener ese estado de bienestar del que nos sentimos tan orgullosos, para seguir defendiendo a los más vulnerables, para enfrentarnos a los nuevos retos serán necesarios los recursos suficientes para encarar no sólo los problemas que se están promoviendo con la guerra, sino para seguir haciendo frente a los nuevos desafíos, como el desafío ecológico, que no se puede despreciar porque tendrá graves consecuencias para el crecimiento económico. Los retos del Pacto Verde Europeo y la Ley del Clima, aprobada el junio de 2021 por la Unión Europea son decisivos y necesitan más inversión pública, no menos; más capacidad para obtener ingresos, no menos; más y mejor información de todo tipo, y no tergiversaciones de brocha gorda de una realidad compleja, que no puede simplificarse con recetas de feria.
Frente a esto, las recetas de la política conservadora y de sus asesores económicos son siempre las mismas: “la reducción de impuestos”, este mantra constituye uno de los caballos de batalla –quizás, el más relevante– en la política económica de los partidos conservadores, tanto del espectro de la derecha como de la ultraderecha, la reducción fiscal como panacea para resolver prácticamente todos los problemas de la economía.
Esta petición de relajación impositiva, es diametralmente opuesta a lo que expone ahora mismo el FMI y la propia Comisión Europea. Kristalina Georgieva, máxima dirigente del FMI, se expresaba en términos inequívocos: la necesidad de impuestos altos sobre beneficios excesivos, para así reducir la carga de las finanzas públicas, muy dañadas por el esfuerzo fiscal realizado tras la pandemia y con los nuevos requerimientos derivados de la guerra en Ucrania. “Hallar dónde se encuentran los recursos para compensar a quienes más han sufrido”, reza el informe de la institución citada.
Es importante resaltar que incluso los bancos centrales están hablando de nuevas figuras tributarias, de carácter ambiental y, al mismo tiempo, de incentivar políticas fiscales para ayudar a los colectivos más vulnerables afectados por la crisis económica.
Y sin embargo los mensajes de ciertos economistas ultra-conservadores pueden calar por su simpleza, un relato de sencilla comprensión: rebajemos impuestos y mejoraremos la economía en general. Pero el contexto en el que nos movemos no es tan simple, no es tan básico. Requiere de pedagogías constantes, de explicaciones sustentadas sobre datos, documentación solvente, teoría económica rigurosa.
En España, una vez más nuestra derecha, nadando contra corriente, pase lo que pase, con frío o con calor, con pandemia o sin ella, en la salud y la enfermedad, en la guerra y en la paz, en la bonanza y en la adversidad, siempre dice lo mismo, y a ello condiciona todo lo demás: “hay que bajar los impuestos”. Eso sí, aunque luego cuando gobierna los aumente sin complejos.
Es importante reseñar que en nuestro país, a pesar de lo que pretenden hacernos creer ciertos voceros de la derecha, tenemos una presión fiscal bastante inferior a los países avanzados de Europa y los que mejores servicios ofrecen a sus ciudadanos Según la OCDE, en 2021 estaríamos en un 36,4% del PIB, cuando Francia están en el 47% y la mayoría de los demás superan el 41%.
Y siguiendo esa tradición de pedir bajadas de impuestos, la última ocurrencia de Núñez Feijóo, ha sido la de bajar el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros, con el fin de hacer frente a la inflación, propuesta que no tiene ni pies ni cabeza. De entrada, si no se dice qué gastos o inversiones se van a eliminar, la propuesta es pura demagogia, y si el objetivo es hacer frente a la inflación el efecto es el señalado por los organismos internacionales, es decir, echar gasolina al incendio al aumentar la demanda agregada.
Una pregunta obligada sería: ¿qué márgenes de provisión de servicios se pensarían recortar bajando impuestos? Los números no salen. Esa es una clave que los defensores de la reducción deberían explicar, en lugar de envolverse en fraseologías ampulosas, vacías de contenido.
¿Aceptaría el PP una contrapropuesta: reducir los impuestos en 10.000 millones a las rentas más bajas, de clases medias y trabajadoras, y subir la misma cantidad a las rentas y la riqueza de los más adinerados u opulentos?, eso equilibraría la balanza tributaria y permitiría hacer una política redistributiva justa con los más vulnerables.
