El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incluido un informe de impacto demográfico en todos los planes y normativas de la Administración autonómica para identificar los resultados de la normativa en las zonas afectadas por la despoblación y poder prevenir las desigualdades entre los territorios.
Así lo ha recordado el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, durante su intervención en la mesa redonda ‘Políticas públicas en áreas escasamente pobladas: el caso de Castilla-La Mancha’, como parte del Congreso Internacional sobre los desequilibrios poblacionales en Europa organizado por la Universidad de Alcalá de Henares (UAH).
Una mesa, celebrada en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha estado moderada por el director del Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, Rubén Garrido Yserte, y en la que han intervenido también María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza y diputada de las Cortes de Castilla-La Mancha; y Carlos Moreno, socio fundador de la empresa ‘Despelta’, situada en Palazuelos, Guadalajara.
Durante su intervención, Alique ha destacado la importancia de este informe de impacto demográfico precisamente para evitar que la normativa que nazca en el seno de la Administración regional ahonde en esas desigualdades entre los grandes núcleos de población y los pueblos afectados por la pérdida demográfica.
Se trata, tal y como ha recordado el comisionado, de una de las medidas que incluye la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación, aprobada el pasado año por consenso en las Cortes de Castilla-La Mancha y que cuenta ya con la Estrategia Regional Frente a la Despoblación como principal herramienta de planificación.
“Nuestro objetivo, como Gobierno regional, es que tanto la Ley como la Estrategia tengan una perspectiva holística, es decir, que sea transversal a la acción de todas las consejerías que componen el Ejecutivo autonómico”, ha dicho Alique.
Además, el comisionado ha recordado que, a través de la Ley, el Gobierno de Emiliano-García Page ha puesto la fiscalidad como recurso para luchar contra la despoblación. Y es que los habitantes de las zonas rurales ya se están viendo beneficiados de las deducciones.
Ahondando en las deducciones, Alique ha detallado que se trata de desgravaciones de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica del IRPF para las personas que tengan estancia efectiva en zonas escasamente pobladas (extrema e intensa despoblación); la deducción del 15 por ciento para adquisición o rehabilitación de una vivienda habitual en estas zonas; y la deducción de 500 euros durante los dos primeros años en la cuota íntegra autonómica por traslado de vivienda habitual por motivos laborales.
A las desgravaciones fiscales se suma también el incremento en hasta un 40 por ciento de las ayudas a quienes emprendan en estos territorios y el blindaje de acceso a los servicios públicos -Sanidad, Educación y Servicios Sociales- en el medio rural, garantizando la igualdad real de todos los ciudadanos y ciudadanas de la región, independientemente de donde vivan, ya sea en las ciudades o en los pequeños municipios.
