Comunicado del sindicato de enseñanza ANPE.– Hace dieciséis años se establecían las indemnizaciones de los desplazamientos por razones del servicio del personal funcionario de la Administración de la JCCM y sus organismos autónomos por medio del Decreto 36/2006, de 04/04/2006, a razón de un precio de 0,20 céntimos por kilometraje, cantidad que se ha mantenido hasta hoy y que no ha sufrido incremento alguno.
ANPE quiere hacer constar que, durante estos años, se ha producido un incremento significativo del precio del combustible de automoción, llegando a un precio actual de 1,818 y 1,837 (euros por litro de gasolina 95 y gasóleo A respectivamente), lo que ha supuesto un aumento del 70% con respecto a al coste de los carburantes en 2007. Igualmente, los costes de mantenimiento y gastos habituales de los vehículos se han visto incrementados, sin que estas subidas se hayan traducido en una actualización del precio por desplazamiento.
Esta situación está generando un gran descontento entre el profesorado itinerante, ya que ve cómo el precio abonado por desplazamiento no cubre siquiera los gastos de combustible y mucho menos, los del mínimo mantenimiento de sus vehículos, suponiendo un grave perjuicio económico y una nueva merma del poder adquisitivo de los empleados públicos de Castilla-La Mancha.
ANPE recuerda que los docentes itinerantes son los únicos funcionarios de la JCCM que ponen su vehículo particular al servicio de la JCCM, en este caso para llevar la enseñanza pública a todos los rincones de la región, además del gasto que ello conlleva, con el riesgo que también supone desplazarse a diario durante todo el curso escolar, independientemente de las condiciones meteorológicas u otras circunstancias adversas.
Por tanto, ANPE pide una actualización del precio del kilometraje por desplazamiento ajustada a la situación actual, así como su abono con carácter retroactivo.
Además, para ANPE es imprescindible que el gobierno regional cumpla su compromiso con la Escuela Rural y urge a la Consejería de Educación a alcanzar un acuerdo que mejore las condiciones laborales y económicas de los docentes itinerantes, y que dote de los recursos personales, materiales y organizativos necesarios que propicien que la enseñanza pública llegue a todo el alumnado de la región con la mayor calidad posible.
