La Audiencia Provincial de Ciudad Real también ha decretado el sobreseimiento de la causa contra el director general de la Residencia de Mayores Elder de Tomelloso, José Manuel Sampedro Lara, por posibles delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, derivados de su gestión de este centro sociosanitario durante los primeros momentos de la pandemia, así como contra la Fundación Elder, en calidad de responsable civil de dichos hechos. Se une así al archivo de dicha causa que ya había decretado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Tomelloso el pasado 9 de diciembre de 2021.
Así pues y, según el auto redactado y firmado por cinco magistrados de la Audiencia Provincial de Ciudad Real el pasado día 18 de abril de 2022, se acuerda que debe decaer el recurso de dicha causa presentado por sus denunciantes, que son familiares de siete residentes que fallecieron en la Residencia de Mayores Elder como consecuencia de la pandemia producida por la COVID-19. Opinión compartida por la Fiscalía Provincial de Ciudad Real que, en un escrito presentado el pasado día 19 de enero de 2022, también solicitaba que se desestimara dicho recurso de apelación interpuesto, así como que se confirmara el auto recurrido.
Según se desprende de este auto de la Audiencia Provincial de Ciudad Real del pasado día 18 de abril de 2022, los cinco magistrados destacan que, en los momentos en los que se produjeron los hechos, existía una falta de conocimiento sobre el nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2, desconocimiento que abarcaba desde sintomatología, hasta mecanismos de contagio, pasando por su efectiva virulencia e instrumentos de control y contención. También, señalan la precariedad y falta de recursos humanos y materiales para su abordaje. En este sentido, recuerdan que de este nuevo virus no había evidencia científica, por lo que tampoco existía información técnica y operativa, la cual se iba ajustando y hoy también, en función del avance del conocimiento y de la disposición de recursos, sin obviar que tampoco había reactivos para hacer pruebas PCR.
De igual manera, los cinco magistrados subrayan que la Residencia de Mayores Elder es un centro no medicalizado que, tanto por su arquitectura como por su régimen abierto, sin límite de horario de entrada y salida para usuarios y visitas, favorecen la interacción social, resultando clave en la transmisión del coronavirus, por lo que se entiende sin dificultad que el COVID-19 entró en la residencia y se extendió de forma silente. De hecho y, tal y como añaden, desde el día 1 y hasta el 11 de marzo de 2020, se habían registrado más de 324 visitas de familiares en la residencia y que, tanto residentes como personal, habían participado en el desfile de peñas locales del carnaval de Tomelloso muy pocos días antes de ocurrir los hechos.
Además y, aunque se recuerda el estremecedor desconcierto de lo que se vivió como una situación dantesca, el auto de la Audiencia Provincial de Ciudad Real deja claro que ninguno de los usuarios de la Residencia de Mayores Elder se encontró ni en desamparo, ni desatendido. De hecho, se hace alusión a que, en aquel momento, el centro contaba con 107 trabajadores, entre ellos 2 médicos, que visitaron a los residentes hasta el sábado 14 de marzo de 2020, cuando causó baja uno de ellos, permaneciendo en su integridad el equipo de 5 enfermeras, además de 48 auxiliares de enfermería, 13 limpiadoras, 5 personas en cocina, 2 en lavandería, 12 en administración, 2 en mantenimiento, 14 en el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, así como la atención médica a través del Centro de Salud, si la situación lo requiriera.
Por otra parte y, en cuanto a la magnitud de lo vivido en la Residencia de Mayores Elder y, particularmente, durante el fin de semana del 14 al 15 de marzo de 2020, el auto de la Audiencia Provincial de Ciudad Real destaca que es fiel reflejo de lo que ocurría fuera, en Tomelloso, teniendo en cuenta el testimonio recogido durante las diligencias previas de esta causa por Dª. Silvia Quemada Hernández, que por aquel entonces era Gerente del Hospital de Tomelloso y que, en el trascurso de su declaración, expresó que “tener en cuenta que esto era a principios de COVID, no había mascarillas, muchos casos, cómo funcionaban las cosas, acabábamos de empezar, será esto, no será esto y mucha gente enferma…”, que estaban “con el Hospital y Urgencias manga por hombro, una verdadera locura” y que “había indecisión: el Hospital hasta arriba, muchos enfermos en Elder. No tengo médicos, enfermeros…” De igual manera y, durante su testifical, el que era coordinador de auxiliares de enfermería de la Residencia de Mayores Elder en aquel momento, D. Ángel Saiz Mesas, manifestó que “ni los médicos te cogían el teléfono”. Igualmente y, Dª. Verónica López Prieto, representante sociosanitaria nombrada en aquellos momentos para realizar un seguimiento del estado de las residencias de la comarca y que se personó en la Residencia de Mayores Elder el día 16 de marzo de 2020, declaró que pudo comprobar que los residentes estaban sectorizados por sintomatología y que dicha distribución no creía que hubiera sido posible hacerla antes.
De igual manera, los cinco magistrados destacan que, el día 11 de marzo de 2020, cuando se conoció el primer caso positivo de COVID-19 de un residente, el cual se encontraba ingresado en el Hospital de Tomelloso desde días anteriores, se procedió a adelantar el cierre de la Residencia de Mayores Elder, mientras que en Castilla-La Mancha, dicho cierre de todos los centros de mayores se acordó un día después, el 12 de marzo de 2020. También subrayan que, el mismo 11 de marzo de 2020, la coordinadora de enfermería de la residencia, Dª. María del Mar Henales Moreno, siguiendo indicaciones de uno de los médicos del centro y, tras reiterados intentos, que ella misma justificó en su declaración diciendo que estaban “muy desbordados y no lo cogían”, ya logró ponerse en contacto con los servicios sanitarios, asegurando que la persona que le atendió únicamente le previno sobre la importancia de una buena higiene de manos, de cambiar guantes y de aislar a los sospechosos, medidas que “ya se estaban haciendo” en la Residencia de Mayores Elder.
Por otra parte y, sobre José Manuel Sampedro Lara, director general de la Residencia de Mayores Elder, el auto de la Audiencia Provincial de Ciudad Real considera que su ausencia el 11 de marzo de 2020 estaba justificada, debido a una comparecencia en Madrid, así como por presentar síntomas compatibles con el coronavirus posteriormente, pero también subraya que se personó en el centro el día 16 de marzo de 2020, poniéndose a disposición del personal, montando camas en el comedor donde se instaló a los residentes sintomáticos, lo cual fue la mejor opción según el criterio en su declaración de la representante socio sanitaria para el seguimiento de residencias, Dª. Verónica López Prieto. Igualmente, se ha podido constatar que realizó diversas gestiones pidiendo ayuda, así como obran documentos consistentes en facturas de adquisición de material de protección. También, recuerdan que contrató a una empresa de limpieza y desinfección que, al llegar a la Residencia de Mayores Elder y ver la situación en la que se encontraba, se marcharon.
Por otra parte, los cinco magistrados destacan que, el día 22 de marzo de 2020 y, tras ser intervenida por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, la Residencia de Mayores Elder fue designada Centro de Estancia COVID, donde se derivaban a pacientes positivos en dicha enfermedad desde diversos puntos de la región, tras alta hospitalaria pero todavía con síntomas, que llegaron a representar un 30% de nuevos residentes del centro y de sus fallecidos en aquellos momentos.
Así pues, el auto de la Audiencia Provincial de Ciudad Real concluye señalando que en la Residencia de Mayores Elder se adoptaron cuantas medidas permitía la situación, dentro del conocimiento y con los recursos personales y materiales disponibles, confirmando el sobreseimiento de la causa contra el director general de la Residencia de Mayores Elder de Tomelloso, José Manuel Sampedro Lara, por posibles delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, derivados de su gestión de este centro sociosanitario durante los primeros momentos de la pandemia, así como contra la Fundación Elder, en calidad de responsable civil de dichos hechos. Contra esta resolución ya no se puede interponer recurso alguno.
