El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la continuidad del Plan Corresponsables hasta 2023 tal como ha afirmado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en el debate general sobre conciliación que ha tenido lugar en el pleno de las Cortes regionales esta mañana.
“Hoy les anuncio que el Plan Corresponsables va a continuar a lo largo de 2022 y 2023 y lo vamos a reeditar con algunas mejoras”, entre las que figuran ampliar de 14 a 16 años la edad de las y los menores que pueden beneficiarse de los recursos de esta iniciativa.
Además, la consejera ha añadido la importancia de contar con la experiencia del primer plan que ha hecho posible contratar a más de 1.500 personas, en su inmensa mayoría mujeres, “es decir, hemos generado empleo femenino de calidad, muchas veces en el ámbito rural que es donde más dificultades tienen”; se ha atendido a más de 24.000 menores y “se ha ayudado a conciliar la vida laboral, personal y familiar a más de 17.000 familias. Todo ello ha sido posible gracias a 612 municipios que, sin distinción de su color político, se han adherido al Plan Corresponsables y nos han convertido en ejemplo para toda España”.
Para concluir este punto, Blanca Fernández ha recordado que Castilla-La Mancha ha sido la primera región del país en la que se ha puesto en marcha el Plan Corresponsables. De hecho, gobiernos autonómicos de diferentes ideologías han pedido asesoramiento al de Castilla-La Mancha para desarrollar este Plan en los mismos términos que lo ha hecho la región.
Antes de continuar con las políticas del Ejecutivo autonómico en materia de conciliación, Fernández ha dejado claro que hoy ha comparecido en calidad de portavoz del Gobierno más que como consejera de Igualdad “porque la conciliación no es solo responsabilidad de las mujeres sino del conjunto de la sociedad, lo que incluye a las familias, a las empresas y las instituciones”. Y ha añadido que, en Castilla-La Mancha, “todo el Gobierno trabaja desde sus distintos ámbitos para mejorar la conciliación”.
Más de 700 millones de euros para el sistema de cuidados
Continuando con su intervención, Blanca Fernández ha desgranado las políticas que conforman el sistema de los cuidados en Castilla-La Mancha, a las que el Gobierno de Emiliano García-Page destina más de 700 millones de euros que benefician a más de 200.000 familias de la región. Y es que, tal y como ha explicado la portavoz, el sistema de los cuidados beneficia directamente a las personas, pero también a las familias, y en el 80 por ciento de los casos a las mujeres que serían las que se harían cargo de los cuidados si no existiera este sistema.
En lo que se refiere a la Dependencia, desde que gobierna Emiliano García-Page se ha incrementado un 60 por ciento su presupuesto hasta alcanzar los 573 millones de euros actuales con el que se atiende a más de 80.000 personas usuarias, cifra que también representa un incremento del 60 por ciento de las mismas.
El sistema de la Dependencia incluye la ayuda a domicilio, a la que se destinan en la región cinco millones de horas con las que se atienden a más de 25.000 mayores; además, “somos la primera Comunidad Autónoma en número de plazas en viviendas tuteladas para personas mayores y la segunda con mejor cobertura de plazas residenciales en relación a la población mayor”. Todo ello, implica un “esfuerzo presupuestario muy importante” ya que de esos 573 millones de euros apenas el 17 por ciento lo pone el Estado, una pequeña aportación corresponde a las familias y el resto es presupuesto público de la Junta de Comunidades.
Dada la importancia de este sistema, Blanca Fernández ha apostado por garantizar su sostenibilidad a lo largo del tiempo para que sea eficaz y ha denunciado que cuando se produce un recorte en los servicios públicos, “en primer lugar, se perjudica a las personas usuarias y después a las mujeres”.
Además de las 80.000 personas atendidas en el sistema de la dependencia, hay que añadir más de 30.000 menores atendidos en comedores escolares, de los que más del 77 por ciento cuentan con beca; más de 6.000 alumnos y alumnas en aulas matinales; 18.000 plazas en escuelas infantiles y 3,8 millones de euros puestos a disposición de los ayuntamientos que quieran mejorar y ampliar su oferta, para lo que contarán hasta con 180.000 euros.
Las familias en Castilla-La Mancha también disponen de desgravaciones fiscales para las personas que tienen que llevar a sus hijas e hijos a escuelas infantiles, guarderías o centros de atención a la infancia y, finalmente, este año se volverán a reeditar por tercera vez las ayudas a la conciliación para personas trabajadoras.
En definitiva, “el Gobierno trabaja para que las familias puedan conciliar desde hace mucho tiempo”, ha afirmado la consejera, que ha vuelto a remarcar el compromiso del Ejecutivo de García-Page con las políticas de conciliación para superar las dificultades que continúan existiendo.
Los frutos de la acción política
En cualquier caso, ha señalado que esta acción política ha dado sus frutos y así lo indican los datos que dicen que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha la brecha salarial de género esté por debajo de la media nacional; también ha asegurado que, aunque el desempleo femenino sigue siendo superior al masculino y hay que seguir trabajando para acortar la diferencia, se ha reducido doce puntos y en el último año, el 66 por ciento del empleo creado ha sido femenino.
Por otro lado, la apuesta por los servicios públicos también es un impulso al empleo de las mujeres ya que el 80 por ciento de los contratos Covid han sido de mujeres y entre el 85 y el 90 por ciento de los contratos de aumento de personal docente también han correspondido a mujeres.
Racionalización de horarios
Blanca Fernández se ha mostrado partidaria de hacer un pacto por la racionalización de los horarios, tal como ha propuesto el Grupo Ciudadanos. Sin embargo, ha recordado que hace dos días el Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros el Plan Estratégico 2022-2025, en cuyo Eje 2, dedicado al empleo, se propone un pacto por la racionalización de los horarios y una ley de racionalización del tiempo.
Por eso ha espetado a este grupo que no es razonable que ignore este Plan cuando además las competencias en materia de legislación laboral son del Gobierno de España. En cualquier caso, la consejera ha apostado por legislar en esta materia “siempre con diálogo social”. También ha reprochado al Grupo Popular que no apoyase la equiparación del permiso de paternidad con el de maternidad impulsada por el Gobierno de España.
