En su objetivo de garantizar el abastecimiento de agua en calidad y cantidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una inversión de 220.220 euros para ejecutar las obras de emergencia en el término municipal de Huete (Cuenca).
Se trata de un acuerdo al que se le dio ayer el visto bueno en el Consejo de Gobierno y que consiste en la instalación de una nueva tubería de impulsión desde los sondeos de Fuente Dulce hasta el depósito del Castillo, labores que está llevando ya a cabo desde el pasado 25 de enero la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
Sobre esta cuestión, la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha manifestado que la rentabilidad social de esta obra es “inmensa y está más que justificada”, ya que permitirá que los 1.748 habitantes de Huete “dispongan de agua de calidad y en cantidad suficiente en sus hogares y en sus negocios, además de fomentar el desarrollo socioeconómico”; dos factores que, sin duda, contribuyen a combatir el despoblamiento rural dentro del reto demográfico.
El carácter de emergencia de esta obra se explica por el mal estado de la tubería que conecta los sondeos de abastecimiento de agua potable con el depósito municipal y que tenía roturas frecuentes, poniendo en serio peligro la prestación del servicio público de abastecimiento por parte del Ayuntamiento de Huete a sus vecinos y vecinas.
Al ser una actuación de emergencia, estas obras que se iniciaron el 26 de enero de 2022 tienen un plazo de ejecución previsto de dos meses, por lo que a finales de marzo la ciudadanía de Huete tendrá un antes y un después en cuanto a mejora del abastecimiento de agua.
El municipio de Huete pertenece a la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, beneficiaria de la subvención otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, regulada vía Real Decreto 1159/2020 de 22 de diciembre, y, por lo tanto, la actuación de emergencia se financia con cargo a esta subvención.
Por último, cabe recordar el compromiso y el ingente esfuerzo que está realizando el Gobierno del presidente Emiliano García-Page, que invertirá 600 millones de euros en el Plan de Depuración para acometer 629 depuradoras en los próximos diez años a través de la Ley del Agua de Castilla-La Mancha, una norma fundamental para garantizar el abastecimiento de agua potable de calidad y la depuración de agua de los municipios de la región.