El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere seguir avanzando este año en alcanzar la corresponsabilidad con el Estado en materia de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. Así se lo ha trasladado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, al secretario de Estado de Derechos Sociales y Agenda 2030, Nacho Álvarez, en la reunión que han mantenido hoy en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
En este sentido, la titular de Bienestar Social ha trasladado al Gobierno central la satisfacción de haber cumplido con los principales objetivos marcados en el Plan de Choque. Entre ellos, el principal criterio con el que se puso en marcha por parte del Ministerio, que era el de la reducción de las listas de espera para la valoración del grado de Dependencia, con resultados muy favorables para Castilla-La Mancha.
”Hemos conseguido reducir esas listas de espera en un 39 por ciento, muy por encima de la media nacional del 16 por ciento, pero también muy por encima de ese compromiso inicial de reducirlas en un 25 por ciento”, ha aseverado García Torijano, quien también ha hecho hincapié en seguir avanzando este año en alcanzar la corresponsabilidad con el Estado en materia de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, “potenciando el nivel acordado presupuestariamente por parte del Ministerio para que las comunidades autónomas podamos, con garantías, desarrollar la Ley de Dependencia y poder, por tanto, seguir ampliando sus beneficiarios”.
García Torijano se ha referido al número de personas en situación de dependencia atendidas, que han ascendido a 63.800 en 2021, “casi el doble de los beneficiaros que había en 2015”, cuando había 34.600 beneficiarios. También ha aludido la consejera al incremento de prestaciones en más de 6.300 y a la notable reducción del llamado ‘limbo de la dependencia’, siendo “la segunda Comunidad Autónoma que mejores resultados ha obtenido en 2021, con un 4’5 por ciento sobre el total de beneficiarios”.
Canalización de los fondos europeos para proyectos de Bienestar Social
Otro de los ejes fundamentales de la reunión ha girado en torno a los fondos europeos, dirigidos por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 hacia las comunidades autónomas a través del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’.
De éstos, a Castilla-La Mancha le corresponden un total de 125’7 millones de euros en tres anualidades, (2021, 2022 y 2023), correspondientes al Componente 22; ‘Economía de los Cuidados y Refuerzo de las Políticas de Igualdad e Inclusión’, a los que se han venido a sumar 1.270.058 euros de la convocatoria de accesibilidad de viviendas para personas mayores, personas con discapacidad o dependencia, dentro del Plan ‘España Accesible’, que se ejecuta desde las Consejerías de Fomento y Bienestar Social; además de nueve millones de euros destinados al desarrollo de itinerarios de inclusión social con personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, lo que eleva los fondos a casi 136 millones de euros procedentes de Europa.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha trasladado al secretario de Estado de Derechos Sociales la disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha de trabajar de forma conjunta con el Ministerio en la canalización de los fondos europeos de una manera “eficaz y eficiente para nuestra Comunidad Autónoma”.
Tal y como ha reconocido García Torijano, se trata de “unos fondos que vamos a destinar en gran parte para mejorar infraestructuras; desde los servicios de menores, hasta centros para personas con discapacidad y también, por supuesto, los centros destinados a las personas mayores”. Es una “oportunidad única” para potenciar esos recursos que ya están en marcha, ha afirmado, pero también para “nuevos recursos que queremos potenciar con vistas a futuro, más vanguardistas y que van en la línea en la que Europa nos dice que tenemos que dirigir esos cuidados de atención centrados en las personas y en los mecanismos de larga duración”.
Entre los proyectos más importantes desarrollados con los fondos europeos en 2021 destacan la convocatoria destinada a entidades locales para infraestructuras y equipamientos en la red de centros de atención residencial, dotada con 7’9 millones de euros o la inversión en proyectos licitados para obras y reformas de centros públicos de atención a personas mayores, personas con discapacidad y menores que este año seguirán sumando inversiones hasta alcanzar los 67’9 millones de euros previstos en total en este capítulo.
Entre los hitos para 2022 también sobresalen “la convocatoria de infraestructuras para viviendas y centros de mayores con ayuntamientos, por valor de 5’3 millones de euros y otra, dotada con siete millones de euros para impulsar la construcción de residencias por parte de empresas privadas especialmente en zonas con riesgo de despoblación”, según ha apuntado la consejera.
Nuevo modelo de atención residencial de cuidados de larga duración
Por último, también se ha puesto sobre la mesa el nuevo modelo de cuidados de larga duración en los centros residenciales de Castilla-La Mancha. “Somos la segunda Comunidad Autónoma con mayor número de plazas tenemos y queremos trabajar en la línea y en la senda que Europa nos va marcando”, ha dicho Bárbara García Torijano, aludiendo además al Decreto de Condiciones Básicas de centros de atención residencial para personas mayores y personas con discapacidad, que acaba de ver la luz, “pero siempre yendo de la mano de las directrices que viene en Europa y por supuesto del Gobierno de España”, ha concluido la titular de Bienestar Social.
