El Gobierno de Castilla-La Mancha mantendrá con carácter permanente la flexibilización para aplazar y fraccionar deudas tributarias, lo que permitirá mitigar los problemas de liquidez de los operadores económicos, especialmente aquellos cuyos ingresos provienen del ejercicio de actividades empresariales y profesionales.
Así se recoge en la orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de modificación de la orden 9/2018, de 10 de enero, que publica este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), según la cual no se exigirá aval a los contribuyentes que tengan una deuda de hasta 30.000 euros de recursos económicos propios de la Administración regional cuando soliciten aplazar o fraccionar su pago.
Con anterioridad, el límite con el que no se exigía aval para las deudas que los contribuyentes tenían de recursos propios de la Administración regional era de 6.000 euros, pero, con el fin de intentar minimizar los problemas de liquidez de los operadores económicos de nuestra región motivados por la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó una orden en julio de 2020 de medidas excepcionales en el ámbito tributario que elevaba esa cuantía hasta los 30.000 euros.
El 31 de diciembre de 2021 es la fecha en la que estas medidas pierden efectividad, por lo que se ha considerado procedente mantener el límite exento establecido en 30.000 euros e incorporarlo con carácter permanente a la normativa general en esta materia, con el fin de ofrecer una situación más ventajosa a los contribuyentes, ha informado la Junta en un comunicado.
De esta manera, los recursos económicos podrán continuar en sus manos, en lugar de ser recaudados con carácter inmediato por la Administración regional, lo que les ayudará a superar las posibles dificultades transitorias de tesorería que la crisis derivada de la pandemia les esté causando.
