El Ayuntamiento de Puertollano ha repetido, un año más, en el ranking de los consistorios españoles con un gasto social pobre, según el informe anual de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales correspondiente a 2020.
Puertollano ocupa en esta ocasión el puesto 30 en el ranking, con un gasto de 45,48 euros de inversión por habitante. En este sentido, el estudio considera pobres en servicios sociales a aquellos Ayuntamientos con una inversión inferior al 60% de la mediana de gasto de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes durante el ejercicio 2020, en esta ocasión un total de 39 consistorios.
En contraste, Alcázar de San Juan aparece en el ranking de ayuntamientos con gasto social excelente, en concreto en el puesto 13 de un total de 37, con un gasto social de 4,8 millones de euros, 159 por habitante .
Este ranking, que se presenta por quinto año consecutivo, se realiza analizando los presupuestos que estos ayuntamientos dedican a Servicios Sociales y Promoción Social, con datos correspondientes al presupuesto liquidado del año pasado que publica el Ministerio de Hacienda en su portal de servicios telemáticos.
Un total de 37 de 369 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que han presentado al Ministerio de Hacienda y Función Pública la Liquidación del Presupuesto 2020, han alcanzado el nivel de «excelencia» en Servicios Sociales –más de 100 euros al año por habitante y más del 10% de su presupuesto total en esta partida–, según un estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Por contra, determina que dos capitales son «pobres» en Servicios Sociales: Toledo y Badajoz.
El documento revela que los más «excelentes» son: Alcalá la Real (Andalucía), con 243,28 euros por habitante al año; Barcelona, con 230,24 euros al año; Esparreguera (Barcelona), con 198,28 euros; San Roque (Cádiz), con 190,06 euros; El Prat de Llobregat (Barcelona), con 188,05 euros; Quart de Poblet (Valencia), con 180,37 euros; Puente Genil (Córdoba), con 176,67 euros; y Zarautz (Guipuzcoa), con 170,36 euros.
Mientras, Mejorada del Campo (Madrid), con 17,73 euros por habitante al año; Galapagar (Madrid), con 26,73 euros; Aranjuez (Madrid), con 31,36 euros; Ciempozuelos (Madrid), con 35,64 euros; y Plasencia (Cáceres), con 36,35 euros, son los más «pobres» en inversión social.
Además, según se desprende de los datos, once capitales obtienen la excelencia en inversión de Servicios Sociales: Barcelona, Cádiz,Madrid, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Jaén, Valencia, Huelva, Almería y La Coruña. Por su parte, dos capitales son «pobres» en Servicios Sociales: Toledo y Badajoz.
El informe analiza los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a ‘Servicios Sociales y Promoción Social’ con datos correspondientes al presupuesto liquidado 2020 que publica el Ministerio de Hacienda en su portal de servicios telemáticos.
A partir de esa información, la asociación califica a los ayuntamientos en tres categorías, en función de determinados criterios de su inversión social: Excelentes (37 ayuntamientos, 3 más que el año anterior); Pobres (39 ayuntamientos, 7 menos que el año anterior; Sensibles (20 ayuntamientos que en el año de la pandemia incrementaron más de un 20% el presupuesto respecto al ejercicio anterior); e insolidarios (25 ayuntamientos con inversiones inferiores a la mediana de gasto que redujeron su inversión en plena pandemia más de un 5% respecto al ejercicio anterior).
Atendiendo a los ayuntamientos excelentes –más de 100 euros por habitante al año–, el estudio señala que la inversión social llevada a cabo por ellos se elevó hasta los 1.502 millones de euros, con una inversión media de todos ellos de 152,57 euros por habitante. De eso se beneficiaron 9,8 millones de habitantes que residen en los mismos.
ANDALUCÍA, LA COMUNIDAD CON MÁS AYUNTAMIENTOS EXCELENTES
La comunidad con mayor número de ayuntamientos con excelencia en su gasto en servicios sociales es Andalucía con 14 Ayuntamientos, seguida de Cataluña con 8, la Comunidad Valencia con 3, Canarias, País Vasco y Castilla y León con 2, y el resto de CCAA con un solo ayuntamiento, a excepción de Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja en las que no cuentan ni un solo ayuntamiento que atienda a estos criterios de excelencia.
Además, el informe revela que Logroño (La Rioja), Benidorm (Comunidad Valenciana) y Villanueva i la Geltrú (Cataluña) son los ayuntamientos más sensibles y que más incrementaron el presupuesto social en el primer año de pandemia.
El estudio también pone el acento en aquellos ayuntamientos que habiendo realizado durante la pandemia por COVID-19 una inversión inferior a la mediana de gasto (84 euros por habitante) redujeron, además, su gasto social en más de un 5% respecto al ejercicio anterior en plena crisis social derivada de la pandemia, a los que engloba en la categoría de «insolidarios».
En concreto, el informe destaca la «insensibilidad» de cuatro ayuntamientos: Vila-seca (Tarragona), Badajoz, Leganés (Madrid) y Laguna de Duero (Valladolid), «que habiendo sido declarados ‘pobres’ en el ejercicio 2019, no solamente han perseverado a sus vecinos en la pobreza social, sino que además, en plena pandemia por COVID-19, han reducido su inversión respecto al ejercicio anterior en un 31%, 15%, 10% y 6%, respectivamente».
AUMENTÓ LA INVERSIÓN TOTAL A 3.396 MILLONES
Por otra parte, el estudio pone de relieve que, en el conjunto de los 369 ayuntamientos de más de 20.000 que presentaron Liquidación del Presupuesto, la inversión realizada en 2020 se elevó hasta los 3.396 millones de euros, un 7,6% más que el ejercicio anterior, en la tendencia ascendente mostrada en los últimos años.
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales destacan que «en este difícil año 2020», este aumento de la inversión «muestra el esfuerzo y la sensibilidad con el gasto social mostrada por las entidades locales a pesar de la enorme dificultad en la que se desarrolló la ejecución del gasto debido a la pandemia COVID-19 durante 2020».
Además, precisa que el esfuerzo inversor de los ayuntamientos también contempla las transferencias que reciben de sus respectivas comunidades autónomas, por lo que, «en buena medida, éstas también han de sentirse responsables de los resultados obtenidos por los ayuntamientos de su territorio».
