Comunicado.- Desde el Partido Comunista en Ciudad Real manifestamos toda nuestra solidaridad con las trabajadoras de servicio de ayuda a domicilio así como también apoyamos todas sus reivindicaciones y acciones movilizadoras en defensa de sus derechos laborales.
En los últimos meses, como hemos podido conocer, se está produciendo un conflicto en el servicio de ayuda a domicilio ante la negativa de la patronal FECIR de continuar las negociaciones para la renovación del convenio colectivo caducado en enero de 2021.
Actualmente, esta situación deja a 2000 trabajadoras de la provincia, que ofrecen un servicio a 7.000 usuarios y usuarias, en una situación de absoluta precariedad e inseguridad laboral. Como en otras tantas ocasiones, la patronal solo mira por sus intereses económicos aunque eso suponga transgredir sistemáticamente los derechos básicos de sus empleadas. Además, en este caso concreto, la patronal se aprovecha de la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras -este sector está profundamente feminizado- presionando para precarizar aún más las condiciones de trabajo y de vida de las mujeres trabajadoras.
Podemos señalar entre muchas cosas: los salarios bajos, horas extras mal pagadas, recortes en la antigüedad y en la cobertura de incapacidad temporal, inestabilidad del horario de trabajo, aumentos de la jornada para las nuevas trabajadoras y reducciones para aquellas que tienen mayor antigüedad, etc.
No podemos olvidar que seguimos en una situación de crisis sanitaria provocada por una pandemia, donde las trabajadoras del servicio a domicilio y también de las residencias estuvieron en primera línea, junto a los trabajadores sanitarios, a pesar de carecer durante los meses más duros de la pandemia de los equipamientos necesarios como EPIs y mascarillas homologadas. Teniendo que suportar situaciones límite…
No obstante, con esta situación se puso de manifiesto una vez más con toda claridad que la clase trabajadora es la que mueve el mundo. Un buen ejemplo fueron las trabajadoras de los servicios a domicilio y las residencias quienes con su trabajo sacaron a nuestro país, junto a otros tantos trabajadores esenciales, de la situación excepcional que estamos viviendo.
No fueron los banqueros, ni los terratenientes y capitalistas quienes nos salvaron de la catástrofe: éstos mientras tanto jugaban a la especulación con productos básicos en mitad de esta situación tan crítica… Pero ¿y ahora qué hace la patronal? ¿Reconocer elesfuerzo y sacrificio de la clase trabajadora por el bien común? ¿Recompensar a las trabajadoras por su encomiable labor en esta situación excepcional? Nada de eso. Por el contrario, continúa explotando y enriqueciéndose a costa de las trabajadoras y trabajadores, vulnerando sistemáticamente sus derechos laborales fundamentales.
Pero los trabajadores y trabajadoras han dicho basta. Es lo que hemos visto con los trabajadores del metal en Cádiz y por supuesto lo que estamos viendo con las trabajadoras del servicio a domicilio. No hay otro camino que organizarse y luchar como trabajadoras para hacer realidad nuestros derechos laborales, utilizando para ello todos los medios que estén a nuestro alcance, entre ellos la huelga, que es una de las armas más poderosas que tenemos los trabajadores y trabajadoras para hacer valer nuestros intereses como clase y conseguir un poco de pan para nuestras familias e hijos.
Tampoco está de más recalcar la necesidad de la solidaridad entre todos los trabajadores y trabajadoras; y en este caso concreto entre las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y las trabajadoras de las residencias porque poseen reivindicaciones comunes.
Desde el PCE en Ciudad Real reiteramos nuestro apoyo a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y nos ponemos a su disposición para lo que necesiten. Además, las comunistas exigimos:
– Que la patronal abandone su posición intransigente y vuelva a la mesa de negociación y respete los derechos de sus trabajadoras.
– Que la inspección de trabajo y el propio Ministerio de Trabajo intervengan en favor de las trabajadoras.
– Que las administraciones públicas exijan responsabilidades a las empresas privadas subcontratadas para hacer valer los derechos de los trabajadores al tratarse de servicios públicos esenciales.
– Que se revierta la externalización del servicio de ayuda a domicilio y que su gestión recaiga en las instituciones públicas.
