Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves, con los votos del Grupo Socialista, la Ley de Cámara de Cuentas, en una sesión plenaria presidida por Pablo Bellido en la que además han salido adelante las tres resoluciones socialistas a los debates generales desarrollados en torno a fiscalidad y reforma de la ‘Ley de Protección de la seguridad ciudadana’, la llamada ‘Ley Mordaza’.
El Pleno ha arrancado con el debate del Proyecto de Ley de Cámara de Cuentas, impulsado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha cerrado el debate para pedir el apoyo a la iniciativa. El diputado socialista Fernando Mora ha sido el ponente encargado de defender el dictamen elaborado por la Comisión de Economía y Presupuestos que se celebró el 3 de noviembre, cuando se dejó listo para elevar a Pleno el proyecto, que no ha incorporado ninguna de las 32 enmiendas de los grupos de la oposición debatidas de nuevo en el Salón de Plenos.
Con la aprobación con los 19 votos socialistas a favor y los 14 de la oposición en contra, son ya 26 las leyes que han visto la luz en las Cortes de Castilla-La Mancha durante esta X Legislatura.
Esta normativa define y regula el funcionamiento de la Cámara de Cuentas como “órgano técnico, dependiente de las Cortes de Castilla-La Mancha, al que corresponde la fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable del sector público de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico”, según consta en el primer artículo.
Doble debate de fiscalidad
El Pleno de la asamblea castellanomanchega ha celebrado dos debates generales sobre fiscalidad. El primero de ellos, a propuesta del Grupo Popular, se ha orientado hacia “la necesidad de introducir medidas de apoyo fiscal a los autónomos y pymes del sector servicios de Castilla-La Mancha” y se ha resuelto con la aprobación -gracias a sus 19 votos- de un texto socialista que expresa el respaldo a las medidas del Ejecutivo autonómico, especialmente durante los meses de pandemia, “con congelación de la presión fiscal e incluso impulsando algunas bajadas impositivas”.
Además, reclama que se mantenga el pacto con los agentes sociales para no aumentar la presión fiscal, con el objetivo de estimular la actividad económica; que la política en esta materia sea “justa, progresiva y solidaria, donde las rentas más altas hagan un esfuerzo mayor”; y seguir exigiendo al Estado un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta parámetros como la despoblación y la dispersión geográfica.
Estos mismos puntos, junto a la adhesión a la Declaración de Santiago sobre financiación autónoma firmada por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha con varias comunidades, constan también en la otra resolución socialista sobre fiscalidad aprobada este jueves, con 19 votos a favor y 14 en contra, tras el debate del cuarto punto del orden del día, en que se ha vuelto sobre este tema para debatir, esta vez a propuesta de Ciudadanos, sobre “la presión fiscal” en la región, con intervención de cierre por parte del consejero Ruiz Molina.
El texto socialista añade en esta ocasión una valoración positiva del Anteproyecto de ‘Ley de medidas tributarias y administrativas de Castilla-La Mancha’, pide “modificar la legislación para armonizar la política fiscal en todo el territorio español” y exige mejoras en la inspección “para luchar contra el fraude fiscal”.
Reforma de la ‘Ley Mordaza’
El Pleno ha abordado a propuesta del Grupo Popular la incidencia para la región de un debate de escala nacional, sobre la reforma de la ‘Ley de protección de la seguridad ciudadana’. El debate general se ha resuelto con la aprobación de una resolución socialista -a la que se ha opuesto el PP y con abstención de Cs- en el que se formula el respaldo al trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la vez que se reafirma que “la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la libertad de expresión y manifestación de forma libre y pacífica”.
A partir de aquí, el Parlamento Autonómico pide que “se tengan en cuenta las recomendaciones realizadas por el Tribunal Constitucional en noviembre de 2020” en relación con esta ley aprobada en 2015 e instan al Gobierno de España a que lleve adelante algunas de las reformas, con cuatro objetivos: “mejorar las garantías para el libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía”; mejorar la seguridad jurídica en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad; adaptar la futura norma “ a una sociedad más avanzada y exigente con la garantía de los derechos y libertades” y, por último, “proteger a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado”.
Los dos grupos de la oposición no han logrado a sacar adelante ninguna de sus seis resoluciones a los tres debates generales.
Ya en el bloque de control al Gobierno regional, la bancada popular ha formulado tres preguntas orales sobre las movilizaciones programadas por los agricultores y ganaderos; la ‘Ley de medidas urgentes para declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha’ y la valoración e una discapacidad en los Centros Base de Castilla-La Mancha. Se han encargado de responderlas el consejero de Hacienda y las consejeras de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.
