La sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que absolvía a la alcaldesa Jacinta Monroy, de los delitos medioambiental, de falsedad, prevaricación y lesiones, será recurrida ante el Tribunal Supremo, según ha anunciado en nota de prensa la Plataforma Vecinal Caleros La Mata
La acusación particular pide que las «omisiones y errores de valoración que contiene la sentencia en relación con el minucioso material probatorio aportado de manera imparcial por SEPRONA, Instituto Nacional de Toxicología, Confederación Hidrográfica del Guadiana y Consejería de Sanidad, sean sometidos al juicio del Alto Tribunal que deberá valorar si la absolución de la alcaldesa es conforme a derecho».
«De esta manera, con el recurso interpuesto por la acusación particular apoyada por esta Plataforma vecinal Caleros-La Mata, queda suspendida la firmeza de dicha sentencia hasta que se resuelva el recurso de casación», señala el colectivo.
La plataforma recuerda que el perito judicial forense experto en eco-toxicología, Dr. Burillo «ratificó en el juicio que los vertidos prolongados durante años de aguas residuales sin depuración han provocado daños sustanciales que suponen un grave riesgo, tanto para el sistema natural como para la salud de las personas expuestas, y que han afectado de manera irreversible al río Tirteafuera, aguas subterráneas, así como al pinar y entorno circundante».
Esta Plataforma vecinal considera imprescindible que el caso sea revisado «ante la inesperada inacción de la Fiscalía de medio ambiente y de Ecologistas en Acción». «Ambos renunciaron en último momento a recurrir la sentencia, pese a haber sostenido invariablemente la acusación durante años, llegando incluso a ampliarla contra varios concejales del consistorio rabanero», dice el colectivo, que confía en que el Tribunal Supremo valore «el esforzado trabajo de investigación y recopilación de prueba que las distintas instituciones públicas han realizado con total imparcialidad y profesionalidad para este juicio, revocando la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Ciudad Real». «La cual», prosigue, «lejos de aprovechar una excepcional ocasión para crear jurisprudencia sobre la protección de los recursos naturales, dictó una sentencia que en definitiva trata al medio ambiente como una legislación menor, cuyo acatamiento es opcional para el infractor».
«Estamos convenidos desde esta Plataforma de que es importante seguir pidiendo justicia ante cuantas instancias judiciales nacionales y europeas sean necesarias, puesto que lo ocurrido puede entenderse como la concesión implícita de una patente de corso para el que incumple reiteradamente las leyes medioambientales en esta provincia», insiste, «ya que tal y como están las cosas, quien contamina no paga, al menos si eres cargo público».
«La tan publicitada obra de la depuradora de Argamasilla de Cva que se anunciaba estar operativa en noviembre de 2020, continúa acumulando retrasos sin que se concrete aún la fecha de su puesta en funcionamiento, mientras que se siguen realizando vertidos de aguas fecales e industriales sin depurar las 24 horas del día, a pesar de que obligación legal de depurar se viene incumpliendo desde el 1 de Enero de 2006», concluye.
