Justicia gratuita y universal

Emilio Nieto López, primer decano de la Facultad de Educación de Ciudad Real.- España tiene uno de los sistemas sociales  mejores del mundo. La educación, la sanidad son universales y gratuitos para todos los españoles, sean de donde fueren, eso sí con algunas diferencias dependiendo de la autonomía en la que se viva (aunque esto cueste entenderlo en una nación como la nuestra en la que todos somos iguales ante la ley).

En muchas ocasiones vengo diciendo que algunas competencias deberían ser exclusivas del gobierno central, tales como la educación, la justicia, la sanidad, las fuerzas de seguridad y las relaciones internacionales porque de no ser así se está atentando contra uno de los más importantes principios constitucionales, la igualdad.

El artículo 14 de la Constitución Española de 1978,  dice textualmente: Los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia  personal o social. Es evidente que este artículo se respeta de una forma muy especial  en algunos sistemas sociales como la educación y la sanidad pero nada tiene que ver con la aplicación de la justicia gratuita y por lo tanto igualitaria para todos. No se puede discriminar por razón del aspecto económico como lo hace el sistema judicial español que discrimina entre el que tiene medios económicos y el que no lo tiene.

De ninguna manera podemos seguir permitiendo que la Justicia que emana del pueblo como dice el artículo 117. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por los Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. Si nace del pueblo debe ser también para el pueblo y son los ciudadanos los que tienen los derechos de usar libremente la justicia para la defensa de sus intereses, económicos, sociales, personales o de cualquier otra índole.

Pero la defensa de sus intereses no puede servir para que se le coarte su libertad de acudir a la justicia libremente sino todo lo contrario: si tiene medios económicos suficientes y será la ley la que lo diga o en su defecto el juez, tendrá que pagar la defensa de sus intereses y si no los tiene se le proporcionará un abogado de oficio. ¿Cabe mayor discriminación por razón económica? Creo que se vulnera el artículo 119 que dice: La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

¿En qué quedamos la justicia emana del pueblo y todos los españoles somos iguales ante la ley o si uno tiene dinero es más igual ante la ley que si no lo tiene? Este derecho constitucional crea graves discriminaciones en la aplicación de la justicia  porque  de hecho crea ciudadanos diferentes dependiendo de si poseen o no medios económicos suficientes para defenderse ante la ley.

Con sobrada injusticia el pueblo clama justicia porque desea que todos seamos iguales ante la ley. De sobra sabe el pueblo que el que tiene medios económicos se defiende mejor y raramente pisa la cárcel aunque sobradamente se lo merezca mientras que el pobre si roba una gallina da con sus huesos en prisión. ¿Acaso es esta una justicia justa?  ¿O es tremendamente discriminatoria entre pobres y ricos?

Está claro que la dicotomía entre pobres y ricos, abusivamente usada por la izquierda, crea un caldo de cultivo tremendamente discriminatorio y mucho mayor si, como estamos comentando, hablamos de la justicia y su aplicación.  Todos vemos, oímos y sentimos todos los días que el que tiene medios económicos suficientes si entra en la cárcel sale al día siguiente porque paga la  fianza impuesta por el juez, pero el que no tiene medios económicos se pudre en prisión los años que sean necesarios salvo que el reo, o rea, sea amigo del gobierno.

¿Acaso el pueblo, no digo los partidos políticos, ya que éstos solamente piensan en ellos, va a seguir permitiendo que la justicia sea privada, monopolio de los poderosos y de los que tienen medios para defenderse? Estamos en siglo XXI y ese derecho constitucional  de que todos somos iguales ante la ley, debe cumplirse creando un sistema de justicia universal y gratuita para todos tengan o no tengan medios económicos. No me vale ni vale al pueblo los abogados de oficio porque hoy nadie cree en ellos y si lo hacen saben que sus casos no tendrán un buen final pero a pesar de esto se tienen que someter a su defensa porque no pueden escoger otra cosa.

Es evidente, que esta injusticia social, amparada por las leyes, dictadas por interesados, solamente sirve para ahondar en las desigualdades y en la mayor de las discriminaciones posibles, creando un sistema de justicia para ricos y otro para pobres. Estoy seguro que aquellos que se oponen a esta iniciativa lo harán diciendo que esto no hay quien lo pague porque el estado no tiene suficientes medios para hacerlo viable, pero yo les digo que son los ciudadanos,  acosados por los problemas de la vida cotidiana, los que acuden a los abogados y los que les pagan. En definitiva es el pueblo, cuando le toca, el que paga con su dinero la justicia injusta y discriminatoria.

Es fácil y no muy costoso crear un sistema judicial gratuito para todos como la educación y la sanidad y al igual que pasa con éstas el que quiera acogerse a  un modelo u otro debe tener la libertad de hacerlo, pero eso sí con garantías que la justicia pública y gratuita  tiene el mismo grado de eficacia que la justicia privada pagada por el que quiera acudir a ella para defender sus intereses.

Así pues planteado el problema, estoy seguro que el pueblo tendría mucha más fe en la justicia pública y gratuita y estoy convencido que su eficacia rápidamente sería ejemplo para muchos estados europeos y muy especialmente para los ciudadanos. El sistema actual no funciona y sí discrimina por lo tanto es necesario modificarlo desde abajo hasta arriba para que un principio fundamental de nuestra constitución se cumpla y se cumpla con igualdad, libertad y justicia.

Dice el artículo 24.2   Asimismo todos tienen derecho al Juez Ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado………..Todo esto es realmente plausible pero irreal porque el juez es el que te toca, la defensa con letrado es de oficio si uno no tiene los medios económicos que establece la ley o el juez, por lo tanto, antes de acudir al juez uno debe buscarse un abogado  y será bueno, regular o peor dependiendo de los emolumentos que cobre  conforme a su  reputación social.

¿Dónde queda la doctrina y sobre todo la filosofía de este artículo que quiere defender a todos por igual? Es claro  que todos los artículos relacionados con la justicia igual para todos no se cumplen ninguno porque muchos o al menos los más interesados o con más intereses quieren que haya diferencia en la aplicación de la justicia dependiendo del nivel económico del ciudadano.

Hoy más que nunca es necesario un pacto de gobierno para  no seguir haciendo el ridículo en Europa y en el mundo al no ser capaces los líderes políticos de ponerse de acuerdo unos con otros y concretar un fórmula idónea para la constitución de un gran pacto por la educación, por la justicia y por la sanidad pública.  Es preciso y necesario avanzar por el campo de una justicia universal y gratuita para todos los ciudadanos en la que los jueces sean libres y los ciudadanos libres de escoger el modelo de justicia que más les pueda interesar. De esta manera podremos hablar de cumplir la Constitución en uno de los campos más importantes y decisivos como es la justicia ¿Creen ustedes que les importamos mucho a los políticos? ¿No es verdad que nos utilizan para que les votemos y después se olvidan de nuestros problemas?