La Asociación Provincial de Empresarios de Autoescuelas, integrada en FECIR CEOE-CEPYME, exige retirar la enmienda dada al artículo 62 del proyecto de Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, que en la actualidad se está tramitando en las Cámaras del Congreso de Diputados y Senado.
Esta organización empresarial, que aún está sufriendo una crisis acentuada por la pandemia, quiere poner de manifiesto que el citado artículo no obliga a tener un local abierto al público para ejercer esta actividad, lo que traería consigo un grave perjuicio económico, además de un importante incremento de trabajadores que se irían al paro. Asimismo con este medida se deja abierta la posibilidad de trabajar en cualquier lugar de España.
El citado proyecto de ley está pendiente de comenzar su tramitación en el Senado, razón por la que, esta Asociación va a solicitar urgentes encuentros con las administraciones competentes, como son Tráfico y la Subdelegación del Gobierno, y con representantes políticos en dichas Cámaras, con el objetivo que conozcan, de primera mano y de forma pormenorizada, las graves consecuencias de dicha propuesta. Cono en anteriores ocasiones, la Asociación de Autoescuelas estudia otras medidas, en caso que esta propuesta de ley entrara en vigor.
Autoescuelas pretende, con estas reuniones, poder detallar las consecuencias nefastas que provocará en el sector de las autoescuelas, y en la ciudadanía en general. la citada redacción del artículo 62 de la Ley de Tráfico.
En el caso de mantenerse la redacción en los términos señalados traería aparejado, entre otros aspectos a destacar, un deterioro de la enseñanza de la seguridad vial, la pérdida de la interacción entre alumno y formador, una importante pérdida de derechos laborales de los trabajadores y su precarización, que miles de familias titulares de pequeñas autoescuelas cierren definitivamente, la proliferación de centros que no estarían sometidos al tutelaje y control de las Jefaturas Provinciales de Tráfico, y un colapso de la Administración, que traerá aparejado un mal servicio a la ciudadanía.
Por todo ello, la Asociación espera que se reconsidere esta decisión por el beneficio de todos, tanto de los profesionales como de la ciudadanía en general.