La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha asistido a la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se ha celebrado hoy en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, donde ha reclamado corresponsabilidad en la financiación del Sistema de la Dependencia.
Se trata de la primera reunión presencial de este órgano de cooperación tras la pandemia, que ha estado presidido por la ministra, Ione Belarra, y a ella han asistido de forma presencial los representantes de nueve comunidades autónomas más Ceuta, mientras que el resto de participantes han mantenido la modalidad virtual de asistencia.
Ha sido una reunión en la que se han tratado importantes asuntos en el orden del día concernientes a Dependencia y Discapacidad sobre los que, desde el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, se han expuesto las necesidades y requerimientos propios del territorio.
El primero de los asuntos abordados ha sido el relativo a la presentación del informe de seguimiento de actuaciones relativas al Plan de Choque en Dependencia. En este punto es donde la consejera de Bienestar Social ha trasladado al Gobierno central la necesidad de seguir incrementando la financiación del Sistema de la Dependencia en corresponsabilidad con las comunidades autónomas hasta alcanzar un equilibrio en estas aportaciones entre ambas administraciones.
Ya que, como ha recordado Bárbara García Torijano, “desde el Gobierno de Castilla-La Mancha aportamos este año 438 millones de euros, frente a los 107 millones de euros que aporta el Ministerio”, por lo que ha abogado por esa corresponsabilidad al 50 por ciento con el objetivo de reforzar el Sistema de Dependencia y las prestaciones y recursos que se ponen al servicio de los ciudadanos.
En relación al impacto del plan de reducción de las listas de espera, que ha sido otro de los puntos a tratar en el marco de la reunión del Consejo Territorial, García Torijano ha insistido en el incremento de financiación necesario para seguir avanzando en este sentido, como se viene haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ya desde el año 2015, “puesto que nos encontramos con más de 26.000 expedientes pendientes de Plan Individualizado de Atención (PIA) sin resolver y, a día de hoy, son ya 2.500 los que quedan por resolver, con lo cual hemos hecho una reducción importante en la lista de espera, pero entendemos que tenemos que seguir trabajando en ese camino”, ha afirmado la consejera.
Discapacidad y accesibilidad
En lo tocante al ámbito de la Discapacidad, el pleno del Consejo Territorial ha puesto sobre la mesa el borrador del Real Decreto para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, una vez ya incorporadas al mismo las aportaciones de las comunidades autónomas.
Desde Castilla-La Mancha se ha incidido en la necesidad de “crear unas pasarelas de valoración tanto de dependencia como de discapacidad con un doble objetivo, reducir la lista de espera de valoración y ponérselo más fácil al ciudadano para que no tenga que repetir el proceso en caso de pedir las dos valoraciones”.
Así lo ha explicado la titular de Bienestar Social, afirmando que es un documento sobre el que “se lleva ya trabajando varios meses y todas las comunidades autónomas coincidimos en la importancia de reducir los tiempos para que las prestaciones y las calificaciones de grados de reconocimiento lleguen a los ciudadanos lo antes posible”.
Como aportaciones a esta modificación de baremo, desde Castilla-La Mancha se ha propuesto al Ministerio que su implantación sea progresiva, dando un tiempo a su adaptación, que vaya unida a un aplicativo informático potente y que se realice una formación previa a todos los profesionales implicados, entre otras sugerencias, con el objetivo de que la nueva herramienta de valoración sea un mecanismo que agilice y que ayude a que todas las solicitudes puedan resolverse en tiempos adecuados.
Por último, en relación a los criterios de reparto del ‘Fondo para una vivienda accesible’ con cargo a los Fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la consejera de Bienestar Social ha explicado que “en Castilla-La Mancha nos corresponden 2,5 millones de euros y está dirigido a actuaciones en viviendas de personas mayores, personas con discapacidad y personas con dependencia”.
