El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la continuidad de la actividad industrial en la antigua fábrica de Uralita Sistemas de Tuberías en Alcázar de San Juan después de la compra de ésta a Adequa, propietario hasta ahora de la factoría, por parte de Molecor, en una operación que supone una inversión inicial de 30 millones de euros y el mantenimiento de más de dos centenares de puestos de trabajo entre todas las plantas.
Así lo ha señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha destacado el trabajo llevado a cabo por el Ejecutivo regional para garantizar una alternativa industrial al concurso de acreedores que afectaba a la factoría, a través de las reuniones mantenidas desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo con todas las partes implicadas en la operación; desde la propia Molecor hasta los sindicatos y representantes de los trabajadores de la planta alcazareña, incluyendo conversaciones con los administradores concursales.
Molecor es una compañía de capital nacional dedicada al desarrollo de tecnología de orientación molecular aplicada a las canalizaciones de agua a presión. Con la adquisición de la factoría de Alcázar de San Juan, Molecor cuenta con dos centros ya ubicados en Castilla-La Mancha, junto con otra planta en la localidad de Alovera, en la provincia de Guadalajara, y que formarán parte de su plan industrial. El CEO de Molecor, Ignacio Muñoz, ha reconocido que la compra de la antigua planta de Uralita a Adequa forma parte de su plan de crecimiento “para ser líder mundial en el sector, referente de calidad, eficiencia y sostenibilidad con un modelo basado en tres pilares: la innovación, la internacionalización y la agilidad en la toma de decisiones”. Para ello, Molecor contempla invertir más de 1,7 millones de euros para un plan de ejecución inmediata que incrementaría la capacidad instalada en 6.500 Tm/año, así como llevar a cabo los incrementos de plantilla necesarios para absorber este nuevo volumen en la planta alcazareña.
Patricia Franco ha reconocido la satisfacción del Ejecutivo autonómico porque el trabajo emprendido hace más de medio año haya dado sus frutos, después de haber celebrado reuniones con la propia empresa interesada en la adquisición de la fábrica y los sindicatos, así como conversaciones con la administración concursal, con el fin de garantizar el mantenimiento de la actividad industrial.