El blanqueamiento de la Casa del Manifiesto de Manzanares

Pablo Díaz-Pintado Fernández-Pacheco.- La Casa del Manifiesto de Manzanares, el lugar en el que Cánovas del Castillo redactó en 1854 la proclama que cambió la historia de España y prendió la mecha de la Revolución de julio glosada por Pérez Galdós, ha sido objeto, desde mediados del pasado mes de agosto, de unas obras que enmascaran, en buena medida, las graves patologías estructurales que padece, a través de un blanqueamiento extensivo y superficial de murallas, fachadas y cubiertas.

La intervención, que también ha incluido, entre otros aspectos, la demolición de zonas ruinosas, la reconstrucción de medianeras, el tratamiento negligente del patio y el refuerzo con viguería metálica de un forjado que debía haberse reconstruido, no atiende al contenido de la orden de ejecución dictada el 5 de julio por la concejala delegada de Obras y Urbanismo, Isabel Díaz-Benito Romero, que obligaba realizar las obras necesarias en el inmueble “para restituir su estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales y la adecuación de sus fachadas al ornato público”.

Y todo ello no en función de la libre interpretación de cada cual, sino con arreglo a los informes emitidos el 1 de julio por la arquitecta municipal Mercedes Hidalgo Patón y de acuerdo a los condicionantes incluidos en la autorización dictada el 3 de mayo por el delegado provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, José Jesús Caro Sierra. De hecho, la propia Díaz-Benito indicaba en la comunicación remitida a los propietarios que estaban “legitimadas únicamente la realización de las obras y medidas de seguridad que se describen”.

Las obras y medidas de seguridad descritas eran, según afirmaba en su informe la arquitecta Hidalgo Patón, “básicamente las establecidas en el Proyecto presentado por D. Pablo Díaz-Pintado Fernández-Pacheco de ‘Consolidación y Demolición Parcial del Edificio Catalogado Casa del Manifiesto’ redactado por el arquitecto D. José Antonio Rincón Quesada”.

Pues bien, las obras que ha ejecutado unilateralmente una parte de la propiedad no están ajustadas a ese proyecto, ni atienden debidamente al contenido de la orden de ejecución ni a los requerimientos dictados por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, no solucionan los graves problemas que sufre el inmueble, en algunos casos contravienen decididamente lo ordenado por las autoridades y, tal vez lo más grave, abundan en el empleo de un blanqueamiento que maquilla sus deficiencias y ofrece una falsa impresión de mejoría, sin haber llevado previamente a cabo las necesarias labores de saneamiento y reparación.

Propuesta entregada al alcalde y programa electoral

Tal vez sea conveniente echar la vista unos años atrás para intentar entender lo ocurrido en las últimas semanas. A principios de 2019, las dos familias propietarias del inmueble decidieron, de mutuo acuerdo, proponer al Ayuntamiento su posible adquisición para convertirlo en un museo. Hay que tener en cuenta que la casa, situada en la calle Empedrada 6, es la muestra de arquitectura civil de mayor significación y proyección histórica que aún existe en Manzanares. La iniciativa, trasladada al alcalde Julián Nieva Delgado en el mes de marzo de aquel año, exponía, a lo largo de 28 páginas bajo el título “Casa del Manifiesto, el origen de la revolución”, el contexto histórico de los acontecimientos vividos en la localidad durante aquellos días de julio de 1854, el estado de conservación del inmueble, su potencial museístico y un posible acuerdo económico basado en un ‘justiprecio’ (un precio de mercado estimativo y justo), si bien los propietarios mostraban, igualmente, su disposición a considerar otras alternativas con el fin de encontrar la solución que se considerara más adecuada. El objetivo, en todo momento, era salvar el edificio, restaurarlo y dotarlo de un contenido multidisciplinar para su uso público con un aprovechamiento económico, turístico, histórico, cultural, social, educativo y académico, en beneficio del pueblo de Manzanares.

El alcalde se mostró verdaderamente interesado en la propuesta, aunque dada la cercanía de las elecciones municipales, que se debían celebrar en el mes de mayo, se acordó posponer las conversaciones, si hubiera lugar, hasta después del verano y, mientras tanto, mantener total discreción y reserva sobre el asunto para evitar su posible utilización política o electoral, lo que, en aquel momento, parecía razonable. No obstante, sin mediar comunicación alguna o consulta previa, el proyecto apareció publicado, de modo destacado, en el programa electoral con el que, tan solo unas semanas después, concurrió el Partido Socialista a las elecciones municipales. «Trabajaremos”, decía la oferta programática del PSOE, “para incorporar al patrimonio museístico la vivienda donde se firmó el Manifiesto de Manzanares en 1854 con el fin de poner en valor un hecho que marcó la historia de España». A la vuelta del verano, cumpliendo lo convenido, solicité al alcalde una entrevista (en dos ocasiones) para retomar las conversaciones. No hubo respuesta.

Espero, por ello, que se entienda el derecho que me asiste a revelar ahora un asunto privado de interés público teniendo en cuenta que, entonces, el primer edil hizo un uso público de una propuesta privada.

El único proyecto autorizado por Patrimonio

Ante la falta de respuesta municipal y siendo consciente del agravamiento del estado del edificio, la parte de la propiedad que represento intentó un acuerdo con el resto de los propietarios, algo que, lamentablemente, no ha resultado posible hasta la fecha. En cualquier caso, para sentar las bases de una solución definitiva y conocer el alcance real del problema desde el punto de vista técnico y económico, se decidió encargar un estudio de patologías al aparejador Francisco Lozano Muñoz y, posteriormente, un proyecto de obras al arquitecto José Antonio Rincón Quesada que, finalmente, fue autorizado el día 3 de mayo de 2021 por el delegado provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, José Jesús Caro Sierra, según consta en el oficio del jefe de Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Ciudad Real, Enrique Jiménez Villalta, que fue comunicado telemáticamente en la misma fecha al Ayuntamiento.

Tras verme obligado a presentar reiteradas peticiones y solicitudes al Ayuntamiento para que requiriera a los propietarios al cumplimiento de sus obligaciones o bien ejecutara las obras necesarias con carácter subsidiario, dos meses después, el día 5 de julio, la concejal Díaz-Benito dictó la ya referida orden de ejecución, que remitía a los informes de Hidalgo Patón, quien, a su vez, especificaba las 25 intervenciones que había que llevar a cabo, extraídas básicamente del proyecto del arquitecto Rincón Quesada, el único autorizado por Patrimonio. Al mismo tiempo, la arquitecta municipal añadía una serie de consideraciones sobre los plazos, el presupuesto estimado y el necesario apuntalamiento inmediato que había que llevar a cabo en algunas zonas del inmueble. “En base a ello”, concluía, “se pone en conocimiento de la Alcaldía la situación del inmueble para la incoación de oficio de expediente de orden de ejecución”.

Inmediatamente, la parte de la propiedad que represento procedió a apuntalar el inmueble atendiendo al requerimiento municipal y, acto seguido, el 16 de julio de 2021, envío un escrito al Ayuntamiento, en el que, además de dar cuenta de la intervención efectuada, ofrecía la necesaria provisión económica para atender la orden de ejecución en su parte proporcional y, por otro, solicitaba que conforme a la potestad que le confieren las disposiciones legales, procediera a la inmediata ejecución subsidiaria, en el caso de que los demás copropietarios no atendieran sus obligaciones.

Silencio y permisividad

El Consistorio no solo no contestó de ningún modo al escrito, sino que a partir de mediados de agosto permitió, por acción u omisión, la ejecución de unas obras encargadas por algunos de los condueños a la empresa Construcciones y Encofrados Hermanos Jaime, de La Solana, tomando como referencia un informe redactado por el arquitecto Javier Navarro Gallego, que no había sido autorizado por la Delegación Provincial de Cultura y que contravenía en varios puntos lo requerido en la orden de ejecución municipal.

El propio arquitecto reconocía que su informe era “parcial”, ya que estaba referido a una sola parte de la propiedad y admitía que no había realizado “una evaluación correcta y completa de determinados espacios con sus elementos constructivos, estructurales, de acabados, de estanqueidad o de instalaciones, etc”. Esa parcialidad y el hecho de haber sido evaluado de modo incorrecto e incompleto, además de no haber sido autorizado por Patrimonio, invalidaban su utilidad a los efectos referidos.

Además, el informe de Navarro Gallego también desatendía explícitamente la comunicación del Ayuntamiento del 19 de febrero de 2021, informada por el Servicio Técnico del Ayuntamiento, que dirige Sergio Noblejas González, que concedía a los propietarios del inmueble un plazo máximo de tres semanas para presentar el preceptivo informe de evaluación analizando el “edificio en su conjunto, desde el punto de vista arqueológico y arquitectónico”. El idioma de Cervantes no deja lugar a dudas. “En su conjunto”, quiere decir en su totalidad, por oposición a “parcial”, que significa no cabal o incompleto.

Reunión solicitada al Ayuntamiento

No obstante, pese a todas las deficiencias, irregularidades y presuntas ilegalidades que se hayan podido perpetrar, la parte de la propiedad que represento solicitó al Ayuntamiento el pasado día 8 de septiembre, durante el curso de una entrevista celebrada en la sede de los Servicios Técnicos con el jefe Noblejas González y la arquitecta Hidalgo Patón, la convocatoria formal de una reunión entre la totalidad de los condueños y los responsables municipales, al objeto de que todos los implicados asuman, como es debido, la orden de ejecución dictada el día 5 de julio por la concejal Díaz-Benito, basada en el proyecto autorizado el día 3 de mayo por el delegado provincial Caro Sierra.

Deber de conservación, Corporación municipal y Casino de Manzanares

Esperamos que el Ayuntamiento convoque la reunión solicitada para resolver el asunto satisfactoriamente, de acuerdo a la legalidad vigente. Conviene tener presente que existe un ‘deber de conservación’ que obliga tanto a los propietarios como, subsidiariamente, a la Administración, a costa de los anteriores.

Entendemos, por otra parte, que el problema, por la relevancia histórica del inmueble, tiene una dimensión pública que atañe a todos los miembros de la Corporación municipal, a quienes desde aquí solicitamos que contribuyan, junto al equipo de Gobierno, a encontrar una solución razonable que permita salvar la Casa del Manifiesto y evite que se repita el lamentable espectáculo ocurrido en enero de 1998. En aquel momento, el Ayuntamiento, como muchos recordarán, aprovechando las abundantes lluvias que se habían registrado durante el otoño anterior y apoyado en un informe emitido por el entonces aparejador municipal, ordenó la demolición del Gran Casino de Manzanares, probablemente el mejor edificio de arquitectura civil de la localidad, una obra excelsa construida como tantos otros edificios magníficos por el ilustre Alfonso Pedrero Peña.

Todavía hoy, casi 24 años después, en el lugar donde se alzaba el Casino, orgullo de los manzanareños durante décadas, existe un solar que es un acopio de tierra, pajitos y vergüenza.

Pablo Díaz-Pintado Fernández-Pacheco es editor, ex presidente de Restaura Manzanares y apoderado legal de Josefa Fernández-Pacheco Mazarro, copropietaria de la Casa del Manifiesto.