La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado que “hoy vamos a llegar al millón y medio de personas con la pauta completa en la región” -ayer faltaban tan sólo 3.700 para alcanzar este dato-, una “magnífica noticia” que le ha servicio para destacar la responsabilidad de la sociedad en su conjunto y que está posibilitando que los datos de hospitalización estén yendo a la baja.
Además, Blanca Fernández ha puesto énfasis en la “reducción exponencial” de la incidencia acumulada entre la población joven en los tramos de edad de 12 a 19 años y de 20 a 29, lo que a su juicio demuestra que “nuestros jóvenes no eran irresponsables; lo que quiere decir es que estaban sin vacunar” y, ahora, el 80 por ciento de esa franja de 12 a 19 años ya tiene una dosis, y 6 de cada 10 tienen la pauta completa.
Un buen ritmo de vacunación con el que se ha logrado reducir tanto el número de contagios por Covid-19 diarios en la región como las hospitalizaciones y pacientes en UCI, además de la mencionada aminoración de la incidencia del virus entre la población.
La Ley contra la ocupación de viviendas, una “prioridad”
En otro orden de asuntos, la consejera portavoz también se ha referido a la “prioridad” que supone para Castilla-La Mancha contar con una ley antiocupación, “habida cuenta de que hay muchísimos municipios que están afectados por una realidad delictiva a cargo de mafias que se dedican a alquilar y subarrendar de manera ilegal y provocando que en muchos barrios haya problemas de tráfico de drogas, delincuencia e inseguridad ciudadana, además de muchas tensiones vecinales”.
En este sentido, ha recordado la iniciativa parlamentaria aprobada el 17 de diciembre de 2020 en las Cortes Regionales, de ahí que haya apuntado que el presidente Emiliano García-Page ha establecido como plazo hasta final de año para que el Gobierno de España tenga en cuenta esta propuesta”. Si no fuera así, Blanca Fernández ha avanzado que “se articularán los mecanismos políticos e incluso legislativos que estén a nuestro alcance para que esta propuesta sea tomada en serio”.
Proteger a ciudadanía y ayuntamientos
Con este objetivo, la consejera ha dejado claro que esta proposición de ley “pretende proteger a quien, con todo el esfuerzo de su vida, se ha comprado una vivienda y la ve ocupada, pero legalmente no tiene mecanismos para desocuparla, o para aquellos ayuntamientos que tienen un problema serio de seguridad ciudadana y de problemas de convivencia en su municipio”.
Y es que, para finalizar, la consejera de Igualdad y portavoz ha reiterado que “de lo que se trata es de avanzar en algo que nos parece que es justo, sensato y que se corresponde con una realidad a la que hay que dar respuesta en muchos municipios de Castilla-La Mancha, pero también en otros muchos municipios del resto de España, y además lo hacemos desde una filosofía progresista y de justicia social”.
