Coincidiendo con el `Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas´, ambas organizaciones han formalizado sendas enmiendas al borrador del Decreto por el que se crea y regula el Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, el cual de sus 14 vocalías, tan solo dos van destinadas a agentes externos a instituciones públicas.
IU y PCE entienden que la propuesta hecha por la Vicepresidencia de la JCCM para el Consejo Asesor adolece de una falta de participación de representantes de las víctimas, bien sean de carácter personal como de entidades políticas, sociales, sindicales o de cualquier otra índole que pudieran verse identificadas con la represión franquista.
Por eso, el PCE de Castilla-La Mancha ha alegado a lo que considera “su condición especial” adquirida por su defensa de los derechos y libertades democráticas en España durante la Guerra Civil y la Dictadura. Una condición que se basa en una represión mayúscula con un saldo de persecución, muertes, torturas, encarcelamientos, violaciones, destierros, exilio, embargos forzosos, etc. hacia su militancia que le otorga una condición específica y exclusiva que desde el partido comunista consideran que sería de gran ayuda y aportación en el Consejo.
Tanto Izquierda Unida como el PCE han recordado como ambas organizaciones vienen manteniendo un importante compromiso con la Memoria Democrática en Castilla-La Mancha, allá donde tienen oportunidad de desarrollar dicha actividad, siempre que dicha actividad tiene que ver con la promoción de los principios de `Verdad, justicia y reparación´, para que se puedan establecer garantías de no repetición y de los valores democráticos entre la ciudadanía.
“Izquierda Unida representa y defiende siempre que tiene oportunidad con vehemencia, estos principios en aquellas instituciones públicas donde está representada. Son multitud los municipios de Castilla-La Mancha, así como en las tres diputaciones provinciales de nuestra región donde estamos representadas, donde se han escenificado y comprobado el compromiso de los cargos públicos de Izquierda Unida con la defensa de los valores de la Memoria Democrática”, han manifestado desde Izquierda Unida y PCE. Continuando: “Un compromiso que no se limita al ámbito institucional, sino que también tiene un carácter público y social que se basa en establecer a la víctimas en el eje principal de la atención hacia la memoria democrática, allá donde sea necesario, que es en todo caso: imprescindible”.
