El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Cámara de Cuentas, con el que el Ejecutivo autonómico recupera un órgano de control de la actividad económica, financiera y contable del sector público de Castilla-La Mancha.
La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha explicado en rueda de prensa que su principal característica y fortaleza es que será un órgano de control técnico que “tendrá plena independencia en el ejercicio de sus funciones, con autonomía organizativa y presupuestaria”, lo que le permitirá “actuar sin interferencias y con absoluta objetividad, eficacia y transparencia en su labor de fiscalización de un dinero público que hay que mimar”.
Asimismo, ha indicado que dependerá orgánicamente de las Cortes de Castilla-La Mancha y que es el propio Gobierno regional quien se ha autoimpuesto promover su recuperación, “con el objetivo fundamental de que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que el dinero público se gasta bien, conforme a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia”.
Blanca Fernández ha señalado que, una vez que ya ha sido remitida a las Cortes regionales para su aprobación, se prevé que esta norma entre en vigor antes de acabar el año. De esta forma, Castilla-La Mancha se incorporaría de nuevo al grupo de comunidades que ya disponen de un órgano propio de control externo, que son 12 hasta la fecha, lo que permitirá contribuir a garantizar el derecho fundamental de la ciudadanía a una buena administración.
La portavoz ha recordado que la creación de este nuevo órgano fiscalizador externo propio es un compromiso que adquirió el presidente, Emiliano García-Page, en el último Debate del Estado de la Región celebrado en octubre de 2020, después de que en 2014 se suprimiera la denominada Sindicatura de Cuentas, que funcionó durante 20 años y cuya labor fiscalizadora asumió el Tribunal de Cuentas tras su desaparición.
Actuación fiscalizadora de la Cámara de Cuentas
Blanca Fernández ha detallado que estarán sometidos a la fiscalización de la Cámara de Cuentas el sector público regional, que comprende la administración de las Cortes de Castilla-La Mancha, la Administración regional, sus organismos autónomos y demás entidades integrantes del sector público regional; así como las entidades locales, el Consejo Consultivo y la Universidad de Castilla-La Mancha.
Igualmente, quedarán sujetas a su actuación fiscalizadora las personas físicas o jurídicas beneficiarias de subvenciones o de ayudas públicas, las empresas adjudicatarias de contratos del sector público regional y los partidos políticos, en lo que respecta a la gestión de las subvenciones o asignaciones por gastos electorales procedentes del presupuesto de la Junta.
Principales funciones
La Cámara de Cuentas también tendrá entre sus funciones el asesoramiento de las Cortes de Castilla-La Mancha en materia económico-financiera y contable, e incluso al propio Gobierno por conducto del Parlamento; la instrucción de los procedimientos de enjuiciamiento que le sea delegada por el Tribunal de Cuentas y la promoción de la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos públicos. Todo ello en coordinación y cooperación con el Tribunal de Cuentas, como ya se actuó con la extinta Sindicatura de Cuentas.
La portavoz del Gobierno regional también ha destacado las oportunidades que ofrece este órgano, entre ellas, facilitar un control más directo de las finanzas públicas regionales; permitir que sus recomendaciones sean más fáciles de aplicar por la proximidad y cercanía con las instituciones que supervisa y fiscaliza; mejorar la transparencia de la actividad económica, financiera y contable del sector publico regional por el mayor nivel de detalle y profundidad con la que puede ejercer su labor fiscalizadora; y, en definitiva, fortalecer el control democrático en la gestión pública.
Estructura
Este órgano contará con una Presidencia, cuya persona titular será elegida por el pleno de las Cortes regionales por mayoría de tres quintos en primera votación, o por mayoría absoluta en segunda votación, entre profesionales con titulación académica superior, de reconocida competencia y con más de seis años de experiencia profesional y su mandato será de seis años, renovable por una sola vez de manera automática. La mayoría cualificada exigida “no pretende sino reforzar tanto el carácter consensuado de su designación como la autonomía e independencia en el ejercicio de su función”, ha remarcado Fernández.
También dispondrá de un máximo de cuatro auditores o auditoras, que serán nombrados por la Presidencia de la Cámara de Cuentas entre profesionales con titulación académica superior y con más de seis años de experiencia profesional. Además, se velará por la presencia equilibrada de hombres y mujeres en estos nombramientos.
De igual modo, contará con un secretario o secretaria general que se encargará de la dirección del personal que resulte necesario para el desempeño de las funciones de la Cámara de Cuentas y se establece un régimen de inelegibilidad e incompatibilidad muy estricto para sus miembros, a fin de garantizar la independencia y la objetividad a la hora de emitir informes.
