La Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Empleo para Zonas Rurales Deprimidas, que preside la delegada de la Junta de Comunidades, Carmen Teresa Olmedo, se ha reunido esta mañana de forma telemática para aprobar de forma definitiva la distribución de contratos y fondos entre los ayuntamientos ciudadrealeños.
Finalmente, el Plan dispone este año de una partida de 4.548.445 euros que van a permitir la contratación de 996 personas en situación de desempleo. Los beneficiarios del plan disfrutarán de un contrato de tres meses de duración para trabajar en las obras o servicios que determinen sus respectivos ayuntamientos y que deberán estar en marcha a partir del último trimestre de este año.
La asignación de contratos por municipios se realiza en función de las cifras de desempleo de cada localidad y del número de afiliados al Régimen Especial Agrario. El número de municipios que se han acogido al plan es de 97 y el de proyectos aprobados asciende a 99, ya que a los ayuntamientos de Tomelloso y Campo de Criptana se les han autorizado dos actuaciones. Además, Arroba de los Montes, Fontanarejo, Fuenllana y Villamayor de Calatrava van a poder contratar un trabajador más de los que se les había asignado de forma provisional el mes pasado.
Olmedo ha destacado que el plan cuenta este año con un 11% más de fondos que el año pasado y que el número de beneficiarios es también sensiblemente superior, 996 frente a los 897 de 2020, un incremento que “pone de manifiesto la voluntad de la administración estatal por aliviar la situación de las personas en situación de desempleo temporal y, al mismo tiempo, contribuir al mantenimiento de la economía y del patrimonio y servicios de nuestras zonas rurales”.
En la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Empleo para Zonas Rurales Deprimidas están representados el Gobierno de Castilla Mancha y el de España, a través de la subdelegada del Gobierno, María Angeles Herreros y participan el director provincial del Servicio de Empleo Estatal (SEPE), Adolfo Muñiz, y representantes de la Federación de Municipios y Provincias y los sindicatos y organizaciones empresariales.
