El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a punto la maquinaria para agilizar la gestión y ejecución de los fondos europeos de recuperación, mediante una nueva Ley que tiene dos objetivos prioritarios “dar una respuesta decidida a la crisis económica y social generada por la pandemia y adaptar nuestro modelo productivo a la economía del siglo XXI a través de la transformación digital y la transición ecológica”.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido así el proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación, durante el pleno de las Cortes regionales que se celebra hoy, donde se ha debatido la enmienda a la totalidad que el grupo parlamentario Ciudadanos ha presentado a esta norma.
Durante el debate parlamentario, Ruiz Molina ha explicado los objetivos de lo que ha definido como “una norma fundamental, tanto por sus fines como por sus medidas, para llevar a cabo desde la Administración regional una gestión y un control lo más ágil y eficiente de los recursos que llegarán a Castilla-La Mancha para hacer frente a los efectos negativos derivados de la crisis de la COVID-19”.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha detallado que con esta iniciativa legislativa se persigue “sacar el máximo partido en los próximos años a los fondos europeos, a fin de impulsar un crecimiento económico de la región sostenible y basado en la digitalización y la transición verde, crear empleo estable y de calidad, fortalecer el Estado del Bienestar y reparar los daños causados por la crisis sanitaria, social y económica ocasionada por la pandemia del coronavirus”.
Impulso a las energías renovables
Del mismo modo, ha incidido en que el proyecto de ley contiene un amplio abanico de modificaciones que se enmarcan en cuatro líneas de acción. La primera establece las medidas de agilización y simplificación de los procedimientos que se deben llevar a cabo en materia de convenios, ayudas y subvenciones y contrataciones. Se fijan, también, medidas que afectan a la gestión presupuestaria y al régimen de control de los expedientes de gasto.
La segunda línea de acción se centra en los proyectos declarados prioritarios, que podrán ser financiados con fondos europeos y cuya gestión y ejecución podrá realizarse utilizando instrumentos de colaboración público-privada.
La tercera línea de actuación recoge medidas específicas de organización en relación con los recursos humanos para asumir la importante carga administrativa que supone la gestión de estos recursos. En este contexto, el consejero ha apuntado que este reto se afronta “con la estructura administrativa, organización y recursos humanos actualmente disponibles, apostando por la experiencia y profesionalidad del personal de la Administración regional”.
La cuarta y última línea de acción se centra en la creación de la Agencia de la Energía y el Cambio Climático de Castilla-La Mancha. Ruiz Molina ha matizado que esta entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y autonomía en su gestión, “será un instrumento que nos permitirá dar, de una manera mucho más coordinada, un mayor impulso a las energías renovables en Castilla-La Mancha, reforzando nuestra posición en este ámbito y promoviendo la transición verde en nuestro tejido productivo”.
Comisión Delegada para los Fondos Europeos
Además, para desarrollar estas nuevas medidas se prevé la constitución de una Comisión Delegada para los Fondos Europeos con funciones de diseño, planificación y seguimiento de las actuaciones que acometa la Junta de Comunidades y su sector público regional vinculadas a los fondos europeos.
Asimismo, se confiere a la actual Comisión Regional de Fondos Europeos, creada en agosto de 2020, las funciones de coordinación interdepartamental de todas las actuaciones que se realicen para ejecutar dichos recursos.
Enmienda a la totalidad
Por otra parte, el consejero se ha referido a la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario Ciudadanos que, a su juicio, “pone en cuestión la eficacia del sector público”, así como la labor del personal de la Administración regional. Una enmienda a la totalidad que se apoya en un texto alternativo con el que “prácticamente copian nuestro proyecto de ley”, ha apuntado, y que presenta dos únicas novedades: la creación de una agencia independiente y la puesta en marcha de un portal de transparencia específico para estos fondos europeos.
Respecto a la primera, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que “es incompatible con la eficacia que ustedes defienden”, puesto que “al tratarse de un órgano de nueva creación se requerirá tiempo para que esté en funcionamiento”, cuando, precisamente, si algo escasea para la gestión de estos recursos es tiempo.
Asimismo, ha afirmado que “también es incompatible con los principios de eficiencia y economía”, ya que proponen “una estructura paralela que supone más burocracia y gasto público para intentar hacer lo mismo que venimos encomendando al personal de la Junta, lo que evidencia su desconfianza hacia los trabajadores y trabajadoras de la Administración regional, su autonomía e independencia para llevar a cabo su labor profesional”. “No sé si lo que están planteando es despedir a los miles de trabajadores que actualmente vienen ejerciendo esa función”, ha agregado.
En cuanto a la puesta en marcha de un portal de transparencia, Ruiz Molina ha adelantado que el Gobierno trabajará en la creación de un portal específico con la información más completa sobre la gestión y ejecución de los fondos europeos.
“Estamos ante un proyecto de un gran calado normativo y procedimental para poder tramitar y ejecutar en un plazo de tiempo muy corto y exigente ese importante volumen de recursos que esperamos lleguen a Castilla-La Mancha”, ha subrayado el consejero, quien ha confiado en que finalmente este proyecto de ley cuente con el respaldo unánime de la Cámara.
