Juan Antonio Callejas Cano, diputado nacional por Ciudad Real.- El indulto, como afirmaba en días pasados el Ministro de Justicia en el Congreso, es un instrumento previsto por nuestra Constitución y, como tal, algo normal en la vida social y política.
Se entiende, aunque él no lo dijo, que lo es siempre y cuando cumpla con los requisitos que exige la ley para concederlo (arrepentimiento y compromiso de no volverlo a repetir). Y, efectivamente, el indulto es una institución jurídica positiva por cuanto hace posible la reparación de las posibles anomalías cometidas y porque favorece la reinserción cuando las circunstancias y condiciones del delincuente han cambiado con el paso del tiempo. Y ese es, precisamente, el “quid” de la cuestión: en el caso de los indultos para los golpistas de Cataluña el pasado 1 de octubre de 2017 no se dan ni se cumplen las exigencias legales para otorgarles el indulto, por lo que si se otorga por parte del Gobierno, aunque tenga facultades para hacerlo, será algo ilegal en el fondo, algo que burla la ley, o, lo que es igual, otro golpe, de hecho, a la propia ley, de semejante o mayor envergadura que el delito que se indulta.
Quiere Sánchez justificar el indulto que piensa conceder a los golpistas, ocultando su razón de fondo, recurriendo a argumentos que el llama constitucionales y, a tal efecto, afirma que la Constitución no contempla ni la “revancha”, ni la “venganza”, afirmación que, efectivamente, es verdad, pero su uso en este caso lo considero muy grave por tres motivos: a) Equivale a decir que el Tribunal Supremo cuando dictó la sentencia contra los golpistas catalanes fue una “revancha” y una “venganza”, en lugar de ser la aplicación de la ley vigente a unos hechos cometidos que devinieron en delito, afirmación de Sánchez que si la hacemos extensiva a todos los tribunales de España cuando emiten una sentencia sobre casos de asesinatos, terroristas, pederastas, violadores etc., lo hacen por revancha o venganza y no por justicia y deseo de protección del resto de la sociedad; b) Supone decir que cumplir y hacer cumplir la ley no es un principio constitucional, sino ejercer una venganza, lo que, en el caso concreto que nos ocupa, equivale a decir, parafraseando a Casado, que cumplir la ley no es ejercer ninguna venganza, sino lo contrario, y que en este caso concreto, su cumplimiento es obligado para defender la unidad nacional, ya que su interpretación como una revancha en lugar de como un medio sancionador/corrector, supondría negar que un golpe al Estado es, verdaderamente, un autentico valor constitucional; y c) Supone un ataque, en el fondo y en la forma, a la división de poderes que consagra nuestra Constitución. Si uno de los poderes -el judicial- dicta por unanimidad una sentencia, no es de recibo que el ejecutivo -el que ha de aplicar/obligar al cumplimiento de esa sentencia- se dedique a interpretarla/cuestionarla e incluso a anularla por la vía de hecho, porque a él, políticamente, no le interesa su cumplimiento. Con esta actitud los dos poderes quedarían reducidos a uno: el del ejecutivo ¿Se imaginan las consecuencias que para este y otros casos que se puedan dar en la vida social y política del país, tendría esta actitud? En base a este principio ¿Por qué va a ser mas grave el delito de corrupción o el de terrorismo que el de ataque a la unidad del Estado como pretende Sánchez? ¿Es que acaso todo vale para mantenerse en el poder? No se trata, pues, de ejercer una venganza ni tampoco de quedar atrapados en la revancha sino exigir el respeto a las sentencias judiciales. Si esto no lo hacemos habríamos acabado con la democracia.
Lo que se esconde detrás de estas declaraciones/intenciones de Sánchez es cumplir los compromisos adquiridos para que los partidos independentistas le apoyaran en la moción de censura y llegar así al gobierno, amén de continuar contando con ellos para poderse mantener en él, dada su minoría parlamentaria. Y este objetivo personal y partidista, es el que le lleva a querer blanquear los indultos a los condenados del procés, humillando con ello a muchos españoles y sentando el precedente de que todo vale en política con tal de que tengas el suficiente poder político para cambiarlo o taparlo. No se puede dialogar con aquellos cuyo objetivo es la destrucción de España. Como decía hace unos días Maruenda en La Razón “la experiencia demuestra que el único lenguaje que entienden los independentistas es la firmeza del estado de Derecho”.
Por si alguna duda hubiera sobre este particular basta traer a la memoria lo que el propio Sánchez declaró en 2019, recién pronunciada la sentencia: “Como corresponde a un Estado social y democrático de Derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento”. Ese es el camino: el cumplimiento de la sentencia, lo demás -se adorne como se adorne- es una traición a España y a los españoles y el que lo ejecuta es un traidor.
La ley no exige arrepentimiento para concederlo. La ignorancia del articulista sorprende aún más por su condición de diputado.
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