El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso más en el desarrollo y refuerzo de su estrategia en materia de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico e innovación con la aprobación del Decreto por el que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología.
La principal novedad del Decreto, que desarrolla la Ley del Fomento y Coordinación del Sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha, conocida como ‘Ley de Ciencia’ y aprobada el año pasado, es que renovará la estructura y funcionamiento de esta Comisión para adaptarla a la ley y a sus nuevos objetivos y para dar respuesta a la distribución de competencias entre las diferentes consejerías implicadas en el desarrollo y fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, como la Consejería de Desarrollo Sostenible a través de la dirección general correspondiente, tal y como ha informado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández.
En la Comisión de Ciencia y Tecnología estarán representadas la Viceconsejería con competencias en investigación, desarrollo e innovación y la Dirección General con competencias en innovación empresarial, que ostentarán la Presidencia y la Vicepresidencia respectivamente; y las vocalías estarán ocupadas por diferentes departamentos del Gobierno regional, como las direcciones generales con competencias en presupuestos; en planificación y coordinación de los planes de actuación desarrollados por los distintos órganos de la Administración regional; fondos FEDER, economía circular; investigación, desarrollo e innovación; administración electrónica; telecomunicaciones; I+D+i en el ámbito sanitario; el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal; la Universidad de Castilla-La Mancha; la de Alcalá y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Presupuesto y talento para el entorno de la I+D+i
En los últimos años, el Gobierno de Emiliano García-Page está realizando un importante esfuerzo en materia de innovación que pivota sobre dos ejes, “el incremento presupuestario que tiene que sustentar estas políticas y la retención del talento de Castilla-La Mancha e incluso atraer talento que venga de fuera de las fronteras de nuestra región”, ha dicho la consejera de Igualdad y portavoz.
Blanca Fernández ha explicado al respecto que se ha producido un incremento notable de fondos, tal como indica el hecho de que en 2016 se destinaron 28 millones de euros a financiar actuaciones de I+D+i, mientras que este año la cifra casi se ha duplicado hasta alcanzar los 48 millones, lo que supone “un crecimiento sostenido en el tiempo, porque este esfuerzo hay que hacerlo de manera paulatina, pero sin renunciar a él e intentar que tenga un carácter irreversible”.
Desde 2016 y cuando acabe este año, el Ejecutivo autonómico habrá invertido más de 200 millones de euros en innovación y conocimiento. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística, en su última estadística correspondiente al año 2019, indicaba que Castilla-La Mancha aumentó el gasto en I+D hasta alcanzar prácticamente un 0,6 por ciento en relación a su PIB, siendo la comunidad autónoma que más creció con respecto a los datos de 2018, con un aumento del 15 por ciento.
Estos fondos, ha explicado la consejera, hacen posible desarrollar proyectos de muy distinta temática “para mejorar la vida de la ciudadanía de Castilla-La Mancha”. En ese sentido, Blanca Fernández ha destacado los 87 proyectos que se están desarrollando en zonas afectadas por la despoblación ya que “también la investigación puede formar parte de esa estrategia de reto demográfico que tenemos en Castilla-La Mancha para intentar minimizar los efectos de la despoblación e intentar revertirlos. Y es que casi un 40 por ciento del total de proyectos de I+D+i se desarrollan en zonas rurales de Castilla-La Mancha”.
Algunos ejemplos dados al respecto han sido proyectos sobre el uso del agua y del nitrógeno en el cultivo del almendro; estudios sobre biomasas no leñosas para la producción de energía térmica; investigación sobre la efectividad de las medidas de actuación preventiva y restauración de grandes incendios forestales o avances tecnológicos aplicados a dar soporte y mejorar la actividad docente en colegios rurales agrupados.
