Juan Antonio Callejas Cano. Diputado nacional por Ciudad Real.- La subida de impuestos que ha anunciado Sánchez a través del poco transparente documento que ha enviado a Bruselas en relación a los autónomos y dentro del Plan de Recuperación, supone un “sablazo” en toda regla a este colectivo y, desde mi punto de vista, un empujón hacia debajo de la economía española, teniendo en cuenta la elevada proporción que la pequeña y mediana empresa tiene en el conjunto del tejido empresarial español.
El objetivo teórico de esta reforma es conseguir una mayor trasparencia y proporción entre las cuotas que pagan los autónomos y sus ganancias reales. Objetivo que vemos razonable y justo, además de recomendado por el Pacto de Toledo. Otra cosa es cuando nos detenemos a mirar la cantidad o tipo que se les pide además, claro está, de no es el único gasto/impuesto sino que tiene su “complemento” con el IRPF (Declaración de la Renta) que, como todo hijo de vecino, ha de pagar, pero sin olvidar que todo sale del mismo bolsillo.
Hasta la fecha el autónomo podía pagar una cuota mínima es de 286,15€ mensuales que correspondía a una base de cotización de 944€ al mes y, dependiendo de la edad, podía elegir entre unas bases máximas y mínimas que se determinaban cada año en los Presupuestos Generales del Estado, de forma que, una vez elegida la base de cotización, se aplican a ella los porcentajes correspondientes a las opciones de cobertura que hubiera elegido cada autónomo. Es decir, el autónomo determinaba, voluntariamente, su base de cotización dentro de unos límites determinados, de forma que la cuota oscila entre la mínima de 289 euros y la máxima de 1.245 euros. En estos días, ya que se aplicará de forma inminente -mes de junio- el Real Decreto-ley del 28 de diciembre de 2018, los autónomos se van a ver afectados por una subida de unos 100€ anuales, derivada de que, en dicho decreto-ley, se contemplaba un incremento de los tipos de cotización del trabajador autónomo por contingencias profesionales y cese de actividad en 2019, 2020 y 2021 y que fue retrasado en su aplicación como consecuencia de la pandemia y el estado de alarma
La propuesta que el gobierno ha enviado a los agentes sociales (patronal y sindicatos) que no a las asociaciones de autónomos, entraría en vigor en 2023 y tendría un período transitorio de aplicación de 9 años. En ese documento se establecen 13 tramos que van, el primero, desde aquellos cuyos ingresos son inferiores a 3.000€, hasta el último tramo, cuando los beneficios son superiores a 49.000€. Estos 13 tramos suponen una media de tributación/cotización del 38,7% de los ingresos.
La cuestión, sin embargo, es que esta subida de la cotización a la Seguridad Social no se puede aislar del pago que todo trabajador y, por tanto el trabajador por cuenta propia o autónomo, ha de hacer a Hacienda, Es decir el IRPF o Declaración de la Renta), ya que ambos han de salir del mismo bolsillo. Así resulta que un pequeño empresario que facture más de 47.000€ ha de abonar, entre IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social, más del 50%, es decir, unos 25.000€; o que otro pequeño empresario que gane menos de 3.000€ haya de destinar más de 1.000€ (36%) a este tipo de impuestos, aunque esté exento de IRPF. Ante esta realidad nos preguntamos: ¿Es eso una tributación más o menos subida, o por el contrario es una confiscación como lo ha calificado ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) al sumar estos dos tipos de impuestos? ¿Habrá muchos pequeños empresarios dispuestos a pagar la mitad de los que ganan? ¿Ocurre lo mismo con los demás contribuyentes que no son empresarios sino trabajadores o empleados? Mi impresión es que no.
Con el fin de que pueda verse con mayor claridad cuanto decimos y tomando como ejemplo el de trabajador por cuenta propia que obtuviese unos ingresos superiores a 47.000€, se encontraría con que la Administración ha establecido dos tramos: entre 47.000 y 48.841€; y entre 48.841 y 49.000€. En el primer caso habría de pagar a la Seguridad Social 11.200€ más la retención por IRPF (24,24%), que asciende a 11.391,2€, es decir, le quedarían unos ingresos de 24.388,8€. Si está en el tramo siguiente, la cotización a la Seguridad Social subiría a 12.900€ y la retención por IRPF a 12.077,9€, lo que supone que ha tenido que pagar un 51,2% de su rendimiento y le quedarían en casa 23.863,1€, o, lo que es igual, menos de la mitad de lo que ha ganado.
Mas sangrante es, si cabe, el caso antes citado del autónomo con pocos ingresos, el que gana una cantidad inferior a 6.000€, es decir por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) que ha de pagar 1.080€; o el de aquel que llega a los 12.600€ de ingresos -igualmente por debajo del SMI- que habría de cotizar la nada despreciable cantidad de 3.540€.
Ante este proyecto yo me pregunto si es el momento adecuado para adoptar esta medida teniendo en cuenta la alta proporción que tiene, dentro de estos autónomos, la hostelería y el pequeño comercio que figuran entre los sectores más afectados por la pandemia. A mi entender, la política a seguir debía tener el signo contrario, como se ha hecho en la mayoría de los países europeos: bonificar a estos colectivos con el fin de que no bajen la persiana y puedan mantener la actividad y con ello el empleo.
