El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto por importe de 98.687.787 euros para la prórroga del Acuerdo Marco con el que se prestan diferentes servicios residenciales destinados a personas mayores, según ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en rueda de prensa.
La portavoz del Gobierno ha detallado que estos casi 100 millones de euros están destinados a garantizar una asistencia de calidad a unas 90.000 personas mayores o con gran dependencia. “Se trata – ha afirmado la consejera – de un esfuerzo económico muy importante para atender a miles de personas que en los últimos años de su vida y por diferentes circunstancias no pueden permanecer en su domicilio, ya sea con carácter permanente o puntual, y por tanto no se justificaría escatimar presupuesto público para este tipo de cuestiones”.
En concreto, se concertarán 5.261 plazas residenciales, 418 plazas de estancias diurnas y 83.589 estancias temporales para atender a personas mayores que, después de salir del hospital, no están en condiciones de ser autónomas en su domicilio.
La prórroga del Acuerdo Marco incluye la firma de 298 contratos con 265 entidades, lo que supone la consolidación de más de 3.000 puestos de trabajo, tanto en entornos urbanos como rurales aunque, tal como ha subrayado la consejera, “para nosotros es muy importante que el Acuerdo Marco también permite mantener un buen número de estos puestos de trabajo en el entorno rural ayudando a fijar población”.
En cuanto a su duración, esta prórroga va del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022. Sin embargo, tal y como ha recordado la consejera, después de la aprobación la semana pasada del Decreto del Concierto Social, que emana de la Ley del Tercer Sector Social, en los próximos meses se irán desarrollando las diferentes órdenes para la prestación de los servicios sociales y del sistema de la dependencia en la región con lo que se dará más estabilidad y seguridad a las entidades del tercer sector social. La primera de ellas será, precisamente, la orden para la prestación de servicios residenciales, estancias diurnas y otros servicios para personas mayores, lo que significa que, una vez publicada, todos estos servicios se continuarán prestando al amparo de la nueva orden.
Casi 14 millones para la atención a menores bajo medidas de protección o judiciales
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una partida de 13.941.002 euros para financiar ocho convenios con los que se gestionan y mantienen hogares y centros destinados a niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección o judiciales. Estos ocho convenios son para 394 plazas en 48 hogares y centros atendidos por 380 profesionales.
Tal como ha explicado Blanca Fernández, se trata de menores sobre quienes ha sido necesario asumir la medida de tutela o guarda para proteger su desarrollo personal, emocional y social, “evitando que sigan sufriendo abandono, maltrato o abusos de todo tipo, intentando garantizar sus derechos, su desarrollo y su bienestar y por tanto garantizar no solo su presente sino también su futuro. Y este es un compromiso al que no va a renunciar nunca el Gobierno de Emiliano García-Page porque se trata de justicia con mayúsculas”.
Las entidades que gestionarán estos ocho convenios son ACCEM, Aldeas Infantiles SOS, Asociación Colabora, Asociación para el Desarrollo Integral de Menores, Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, Mensajeros de la Paz CLM, Asociación para la Integración del Menor Paideia, Asociación Vasija. Todas ellas con acreditada experiencia para garantizar la atención individualizada y la protección a niños, niñas y jóvenes, facilitándoles los cuidados precisos para su desarrollo personal y una progresiva normalización.
Como novedad, este acuerdo implicará un aumento salarial y la incorporación de 17 profesionales más, 16 del ámbito de la Educación Social y uno de la Psicología.
A estos ocho convenios, se suman otros siete más por un total de 2.343.939 euros, firmados con las entidades Pavonianos, Madre de la Esperanza, Hogares Marillac, Horuelo, Bayco, Aldeas Hogares Funcionales y Fundación Salud y Comunidad, que suman un total de 12 hogares y 80 plazas. Estos convenios también han sido resueltos de forma favorable, pero no ha sido necesario aprobarlos en Consejo de Gobierno porque de forma individualiza no superan los 750.000 euros cada uno.
