Juan Antonio Callejas Cano. Diputado nacional por Ciudad Real.- Algunos pueden estar pensando que cuando llegue el próximo día 9 y finalice la prorroga del Estado de alarma, decretada el 25 de octubre del año 2020 y con una duración de 6 meses, dará comienzo la vuelta a la normalidad y decir adiós a las restricciones.
A muy pocos días de la finalización del Estado de Alarma hemos salido de la duda: el Sr. Sánchez, el que denuncia a Isabel Díaz Ayuso por utilizar la fiesta del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid como un acto electoral, sin despeinarse siquiera, convoca un Consejo de Ministros el mismo día de las elecciones autonómicas para resolver un problema que, desde hace un año, podía haberlo resuelto y habernos librado de la incertidumbre en que nos ha tenido durante muchos meses. ¿Esto, sr. Sánchez, es gobernar en pro y beneficio de los españoles o hacer política desde el Gobierno en beneficio de lo que se ha denominado “el Sanchismo”?
Hasta el día de hoy y desde hace bastantes meses, ud. y sus ministros, con una terquedad que asombra, vienen afirmando que con la legislación vigente en este momento era más que suficiente para seguir combatiendo el coronavirus. Daba igual que las Comunidades Autónomas, de distinto color político, le manifestasen, en todos los idiomas posibles, que ellas no podrían decretar restricciones que coartasen la libertad de movimiento, dado que este es un derecho fundamental constitucional, y, hasta ahora, estaba suspendida a nivel de todo el país por el Estado de Alarma y matizada/aplicada por cada uno de los gobiernos de las Comunidades Autónomas con intensidad diferente, pero, en adelante, no podría ser aplicada en ninguna Comunidad sin la previa autorización de los Tribunales de Justicia autonómicos o previa solicitud al gobierno estatal. Ud. Y sus ministros, como si de un equipo de sordos se tratase, han venido manifestando que no se decretaría ni modificaría ninguna norma que diese mayor seguridad jurídica a las autonomías.
Su Gobierno, sr. Sánchez, consideraba que las autonomías tenían marcos legislativos suficientes para poder tomar las medidas restrictivas que necesitasen. Opinión que muchas de ellas no compartían apoyadas en su propia experiencia y en las manifestaciones que muchos magistrados han hecho de que no comparten ese criterio. No olvidemos que, antes del último Estado de Alarma, cuando una determinada Comunidad Autónoma creía necesario decretar un confinamiento o un toque de queda en el conjunto de su territorio o en una zona concreta del mismo, debían ser los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad los encargados de dar el visto bueno y, recordemos, también, que algunos tribunales autonómicos “tumbaron” las restricciones de movilidad decretadas por sus respectivos gobiernos autonómicos. Lo que no parecía ofrecer duda es que las posibles medidas que pudiesen tomar los gobiernos autonómicos, no solo debían llevar el correspondiente aval judicial, y que podrían ser muy diferentes dependiendo del territorio e, incluso, podría darse el caso en el que medidas aprobadas en una Comunidad, en otra/as, con el mismo nivel de riesgo, se “tumben”. De donde inferíamos que, efectivamente, era posible adoptar toques de queda sin el amparo jurídico del estado de alarma, pero esa decisión queda al albur de las decisiones judiciales posteriores y las diferencias entre las mismas decisiones judiciales entre unas comunidades y otras.
Se da la circunstancia que existe diversa normativa (LO 3/1986, la Ley 14/1984, la Ley 33/2011) en la que se regula la emergencia sanitaria y con ella la posibilidad de que en todas y cada una de las Comunidades Autónomas se limite la libertad de desplazamiento y circulación, pero esta legislación, en opinión de magistrados cualificados, se presenta corta para nuestra situación de epidemia y habría sido conveniente una iniciativa legislativa para reformar esa normativa y darnos una mayor cobertura para esta pandemia y las que puedan están por venir.
También hay que tener en cuenta que varios magistrados, opinan que el Consejo Interterritorial de Salud -formado por el Gobierno de la nación y los Consejeros de Salud de las autonomías- es un órgano adecuado para tomar decisiones pero no es el marco jurídico apropiado para llevar a cabo la puesta en práctica de esas medidas acordadas en el propio Consejo interterritorial ya que éste no tiene capacidad legal reconocida ni legislativa y, menos aún, ejecutiva.
Desde el Partido Popular, hace ya más de un año, el Presidente Casado ha propuesto un Plan B Jurídico ante la pandemia. Se propone la nueva redacción del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de manera que se limiten derechos fundamentales sin necesidad de acudir al Estado de Alarma. Esta modificación no llevaría más de 15 días, y con ella se lograría salvar el problema legislativo que se les avecina a las Comunidades Autónoma después del estado de Alarma.
Sánchez se ha venido negado en redondo a tal propuesta, no se si porque la iniciativa viene desde la oposición -seguro- y él no quiera permitir que si algo no se le ha ocurrido a él eso no debe existir o porque quiere generar el clima adecuado para que todas las comunidades le pidan, desesperadas, que declare otro Estado de Alarma y así gobernar sin control parlamentario y aprobar leyes con hondo calado social (Ley Celaá y de Eutanasia) con trámite parlamentario “ligero” y sin que los sectores sociales afectados participen en su tramitación.
Sánchez y su cuadrilla, cegados por el sectarismo, siguen desoyendo y desatendiendo la propuesta del PP de hace casi un año. No se extrañara que me pregunte, sr. Sánchez, si ud. gobierna para todos los españoles o lo hace pensando en sus intereses personales políticos. Por su actuación en este caso, pienso más bien lo segundo, de donde infiero que cuando Sánchez afirma que no tiene colaboración desde la oposición no se ajusta a la verdad, sino que es una afirmación irresponsable y más de propaganda política.
El todavía Presidente Sánchez, a través de un nuevo Real Decreto-ley, mira que le gustan, el 8/2021, aprobado en el último Consejo de Ministros, ha dejado en manos del Tribunal Supremo la decisión de avalar las decisiones restrictivas que quieran poner en marcha las Comunidades Autónomas para luchar contra la COVID-19. Sánchez no gobierna, no asume responsabilidades, solo hace política, mala política. Tiene alergia a gobernar, solo quiere mandar. Lo pagará.
