El Gobierno regional mantiene su compromiso de no incrementar la presión fiscal en esta legislatura, cumpliendo así con el compromiso adquirido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con los agentes sociales.
Así lo ha destacado hoy el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su intervención en un debate general sobre armonización fiscal que ha tenido lugar en las Cortes regionales.
Ruiz Molina ha recordado la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por la armonización fiscal y ha subrayado que “debe ser uno de los pilares que sustente un nuevo modelo de financiación autonómica para que sea más justo y equitativo”, al tiempo que ha incidido en que es “la base de la cohesión tributaria que, a su vez, es imprescindible para poder hablar de cohesión social en España”.
El consejero ha explicado que la armonización fiscal es “una herramienta de coordinación fiscal de la que nos debemos dotar las diferentes administraciones con competencias tributarias para alcanzar tres importantes objetivos”.
En primer lugar, avanzar hacia un modelo que permita que los ciudadanos contribuyan en función de su capacidad económica y no en función del territorio en el que viven; en segundo lugar, garantizar el principio de igualdad de oportunidades, porque “los impuestos son la base del Estado social y el instrumento que permite que los ciudadanos sean iguales, independientemente de su nivel de renta o lugar de residencia” y; por último, hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial.
Asimismo, ha hecho hincapié en que no se trata de un tema exclusivo de Castilla-La Mancha, sino que el debate sobre esta materia se está produciendo también en el ámbito nacional e internacional y en que es “una oportunidad para hacer una fiscalidad más justa y equitativa en España”.
Defensa del principio de autonomía fiscal y de gestión
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha afirmado que el Gobierno de García-Page también defiende el principio de autonomía fiscal y de gestión, para que las comunidades autónomas “tengamos capacidad de disponer de un margen de maniobra a la hora de regular los llamados impuestos cedidos, pero asegurando que el ejercicio de este principio no resulte perjudicial para otras regiones y para el conjunto del sistema como consecuencia de las ventajas comparativas de las que gozan unos territorios frente a otros”.
Según Ruiz Molina, “el problema surge cuando una comunidad autónoma, aprovechándose de una situación privilegiada, reduce impuestos y provoca una merma de recursos en el resto de regiones y esto es, precisamente, lo que trata de corregir la armonización fiscal”, ha asegurado. En este punto, ha puesto como ejemplo a Madrid y ha señalado que su condición de capitalidad le permite tener “un sistema tributario más laxo” y realizar “una competencia desleal”.
El consejero ha hecho hincapié en que de lo que se trata es de “garantizar la igualdad de todos los ciudadanos para que, vivan donde vivan, tengan acceso a un mismo nivel de servicios públicos esenciales” y ha afirmado que, a través de la armonización fiscal, “podemos mejorar la vertebración del país, que, en definitiva, es mejorar la vida y las oportunidades de todos los españoles con independencia del lugar en el que residan”.
