El Defensor del Pueblo ha situado a todos los Gobiernos autonómicos y a más de 180 ayuntamientos como administraciones no colaboradoras o entorpecedoras de su labor al demorarse en responder los requerimientos de este órgano o, incluso, no llegar a hacerlo.
Así consta en un anexo del informe anual del Defensor del Pueblo que ha sido publicado este jueves y donde se recuerda que la ley vigente obliga a que las administraciones contesten a este órgano sobre la información que precisa para sus actuaciones.
«Pero la contestación ofrecida no es siempre inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones. En estos supuestos, el Defensor del Pueblo puede declarar al órgano o unidad administrativa concernida de hostil o entorpecedora de sus funciones», explica el Defensor del Pueblo en su informe.
Muchos de estos requerimientos tienen que ver con cuestiones ordinarias de los ayuntamientos o entidades locales menores como temas relacionados con urbanismo, residuos urbanos.
Por ello, las entidades prevalentes en este listado suelen ser este tipo de administraciones. Aquí, el defensor del pueblo entiende las carencias y falta de medios materiales y humanos de los pequeños municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar cierta información.
No obstante, desde este órgano aseveran que estas dificultades no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo.
