Comunicado municipal.– En su declaración en la Audiencia Provincial, la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava ha evidenciado su nula intención de causar daños al medioambiente, ni a bienes o salud de terceros, y que en modo alguno es imputable a ella la inexistencia de una depuradora de aguas residuales, dejando a entrever ser víctima de la dejadez de otras Administraciones.
Bien al contrario, Jacinta Monroy ha explicado todos los pasos dados durante su gestión al frente del Ayuntamiento rabanero para dotar de una infraestructura cuya ejecución se encuentra ya muy avanzada y, paralelamente, optimizar reglamentariamente y según parámetros autorizados el filtro verde hasta en tanto una EDAR no fuese realidad.
“Lo único que hemos hecho ha sido adecuarlo e intentar mejorarlo, siempre siguiendo las instrucciones de los técnicos contratados” ha dicho la alcaldesa, puntualizando que estas acciones las hubo de realizar el Consistorio “después del abandono del filtro verde por parte de la Junta de Comunidades en abril de 2013”, que hasta entonces lo gestionó.
A preguntas de su abogada, Monroy Torrico, que es alcaldesa desde junio de 2011, ha precisado que este pinar de 24 hectáreas destinado al filtrado de aguas residuales viene funcionando desde el año 1983 y, por tanto, cuando hacia el año 2000 empezaron a construirse casas de campo en su entorno, se era consciente de su existencia y función.
La regidora ha dicho no obstante que, con el fin de mantener en las mejores condiciones el filtro verde, tras la renuncia de la Junta, el Ayuntamiento contrató a una empresa especializada, “pues había cuestiones técnicas muy complejas que con nuestros propios medios no podíamos hacer y que requería de la labor de profesionales e ingenieros”.
Un servicio al que el Consistorio destinó cuantas partidas económicas eran necesarias para satisfacer los medios que dichos técnicos de la empresa demandaban, como el sistema de bombeo, al tiempo que urgieron a la CHG a comprobar si los pozos de la zona podían verse afectados tras el abandono de la Administración autonómica.
Monroy también ha precisado que durante su gestión se endureció la Ordenanza de Vertidos, en 2013 primero y luego en 2017, incorporando nuevos indicadores de toxicidad y garantizando el correcto uso de los colectores, pero ha insistido en que, desde los polígonos industriales, aquellas plantas con mayor uso de residuos contaminantes cuentan con depuradoras en sus instalaciones antes de verter a la red de saneamiento.
20 años esperando alguna de las depuradoras proyectadas
Por otro lado, ha informado al tribunal de los proyectos que la Junta de Comunidades valoró durante 20 años para hacer la EDAR, algunas mancomunadas con municipios del entorno, hasta que finalmente los actuales responsables del Gobierno regional han acabado haciendo realidad una depuradora sita en el límite oeste del término municipal.
“Cuando llego [a la Alcaldía] existía el II Plan Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas de Castilla-La Mancha, que incluía la EDAR de Argamasilla que tenía que estar acabada en 2015. Pero me encuentro que este proyecto, que se inició en 2008, había avanzado muy lentamente y por ello, me puse en contacto con todas las Administraciones posibles”, ha enfatizado.
Y en particular con la Junta de Castilla-La Mancha que, tras infructuosos intentos de contactar con responsables de sus políticas sobre depuración de agua, “ya muy tarde, en 2014, nos dijeron que no había suficiente presupuesto para acometer la infraestructura desde la comunidad autónoma”, por lo que decide dirigirse a la Administración central.
De estas gestiones y a través de su agencia de Aguas de las Cuencas de España, ACUAES, se conseguiría un proyecto de depuradora que contaría con el respaldo del Pleno municipal en enero de 2016, pudiendo firmar al fin un año después el correspondiente protocolo financiero con Aguas de Castilla-La Mancha, dependiente del Gobierno regional, algo que está haciendo posible hoy la construcción de la depuradora. Monroy Torrico, que ha comparecido en la Audiencia Provincial junto al actual concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz y su antecesor en el cargo Antonio Gil, confirmando ambos las gestiones explicadas por la alcaldesa, ha admitido la existencia de dos expedientes de sanción en aquellos años por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, pero de carácter leve “por no causar daño al medioambiente”.
