Los tres grupos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves instar al Gobierno de España a realizar las modificaciones necesarias en la Ley General de la Seguridad Social para que los casos de acceso a la jubilación anticipada por voluntad de la persona interesada, en los que se acredite un periodo de cotización efectiva de 40 años, sean excluidos de la aplicación de los coeficientes reductores establecidos en el artículo 208 de la citada ley.
Así figura en las dos Proposiciones no de Ley presentadas tanto por PSOE como por Ciudadanos, de contenido idéntico y que han sido debatidas conjuntamente, que han sido aprobadas, en sendas votaciones consecutivas, por unanimidad de PSOE, PP y Ciudadanos.
En ellas se pide, además, que en aquellos casos en los que se haya accedido a la jubilación anticipada de manera voluntaria y en los que se aplican coeficientes reductores por trimestre o fracción de trimestre que le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación dejen de aplicarse los coeficientes reductores desde el momento en que el pensionista cumpla la edad legal de jubilación.
También solicitan que a todos aquellos jubilados de forma anticipada, ya sean voluntarios o forzosos, que hayan cotizado por el Régimen General como trabajadores por cuenta ajena así como por el Régimen de Autónomos, con 40 o más años cotizados y que en el momento de promulgarse las correspondientes modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social tengan ya 65 o más años de edad, se les deje de aplicar los referidos coeficientes reductores y se les calcule la pensión según su base contributiva y los años cotizados. También reclamam que todo ello no afecte las cláusulas relativas a la jubilación forzosa aprobadas por convenio colectivo.
El diputado de Ciudadanos David Muñoz haciéndose eco de la reivindicación de Asjubi40 ha justificado su iniciativa en el hecho de que el colectivo afectado «por esta injusticia» es «sin duda el que más ha contribuido a la hacienda pública», considerando una «vergüenza» que ahora se les quiten sus derechos.
En el mismo sentido, el socialista Pablo Camacho, que ha destacado que ya 14 comunidades autónomas han aprobado iniciativas similares, se ha mostrado en contra de «penalizar» la pensión de estas personas ha indicado que esta es una situación que «arrastran medio millón» de pensionistas en todo el país «que se vieron obligados a prejubilarse en años de crisis económica y a los que se les aplican coeficientes reductores que penalizan drásticamente sus pensiones».
De su lado, la parlamentaria del PP Gema Guerrero ha resaltado el «compromiso» del PP con este asunto, criticando que son «situaciones tan injustas que hay que corregirlas». De igual modo, ha recordado que los tres partidos estuvieron de acuerdo en este asunto durante la Comisión del Pacto de Toledo, que emplazó al Gobierno a emitir un informe donde analizar los costes financieros y la equidad de los coeficientes reductores que se aplican en estos supuestos.
