Las bodegas García Carrión han vuelto a salir al paso después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitiera a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía para investigar si las bodegas de la DO de Valdepeñas –Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro– han comercializado como crianza, reserva y gran reserva vinos que no cumplían los requisitos de elaboración, recordando tras el cruce de acusaciones con las bodegas Félix Solís que fue precisamente García Carrión el primer actor denunciante de este extremo, en concreto el 9 de mayo de 2017.
En un segundo comunicado de la compañía tras conocerse la noticia, García Carrión añade que tras esta primera denuncia llegaron la de la Consejería de Agricultura del Gobierno regional, el 1 de abril de 2019; y las elevadas por el sector de los productores agrícolas, el 4 de julio de 2017; preludio de una nueva denuncia de García Carrión en agosto de ese mismo año.
En este punto, García Carrión lamenta que la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, «pese a conocer perfectamente los hechos, no ha intervenido en los órganos de control de la DO Valdepeñas ni ha auspiciado un funcionamiento democrático de la misma», así como tampoco ha afrontado «el nombramiento de un presidente representativo de todos los sectores e independiente».
Todo ello en un contexto en el que el presidente de la DO y el sector productivo del a organización dimitieron, al igual que el secretario, mientras que el vicepresidente, Carlos Nieto, «ostenta la Presidencia en funciones y es trabajador de Félix Solís», por lo que considera García Carrión que está «al servicio de sus intereses».
PETICIÓN EXPRESA A PAGE Y MARTÍNEZ ARROYO
En este nuevo comunicado, García Carrión apunta que se ha dirigido «reiteradamente» tanto al presidente de la región, Emiliano García-Page, como al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, «pidiendo medidas concretas dirigidas a garantizar la representatividad de la DOO y la defensa de los intereses sectoriales, sin que se haya atendido ni una sola de estas peticiones».
La última de estas comunicaciones al líder del Ejecutivo fue, según precisa la empresa, el 1 de abril, antes de la emisión del auto de la Audiencia Nacional.
Pero «ante la inactividad de la Administración y el bloqueo de la Junta Directiva de la DO por parte de Félix Solís, fue García Carrión la que acudió a los tribunales en demanda de la implantación obligatoria de contraetiquetas específicas identificativas del tipo del vino y añada comercializado como única medida eficaz de control».
Ahora, el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valdepeñas el pasado año «acuerda que se pueda instaurar un régimen de etiquetas en garantía de los consumidores», pero esta resolución judicial «está siendo incumplida por el actual presidente de en funciones de la DO, mano derecha de Félix Solís».
«Esta actitud incumplidora se ha puesto en conocimiento del Juzgado autor del auto y del Gobierno de Castilla-La Mancha», recalca García Carrión, que añade que «la depuración de cuantas irregularidades se hayan podido producir en la DO pasan necesariamente por la democratización y representatividad paritaria de sus órganos gestores».
«Parece mentira que después de cuatro años de denuncias por parte de García Carrión la Administración se haya mantenido al margen del problema, y sin voluntad de arreglarlo, dejando la DO Valdepeñas sin intervenir, en manos de la principal empresa denunciada, Félix Solís, que además ha bloqueado todas las medidas de control propuestas», argumentan, defendiendo que su intención como empresa será siempre, en todo caso, «prestigiar la DO», algo para lo que hará «todo lo que esté» en su mano y haciendo «lo preciso para que se controle y se pongan medidas eficaces para evitar el fraude en la comercialización de los vinos» sin dejar de ejercer acciones legales cuando sea necesario.
