Rosa Romero Sánchez, presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.-La Primera Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1948, estableció el 7 de abril como ‘Día Mundial de la Salud’ para conmemorar la fundación de la OMS.
Esta fecha siempre ha de ser celebrada porque la salud es lo más importante y valioso que tenemos en esta vida, pero ha de hacerse todavía más, si cabe, en tiempos de pandemia como los que atravesamos.
El virus SARS-CoV-2 ha tenido un impacto negativo sin precedentes sobre el bienestar físico y mental de todos nosotros, tensionando además al máximo las costuras del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La crisis sanitaria generada por la COVID-19 -añadida a otros fenómenos propios de la sociedad española como el envejecimiento, las enfermedades crónicas, la pluripatología o la dependencia- ha evidenciado -y potenciado en algunos casos- carencias estructurales del SNS que requieren soluciones urgentes para favorecer que todos vivamos más años y con más calidad de vida.
Las necesidades en salud de los españoles -cada vez mayores y complejas- requieren un sistema sanitario plenamente capaz de ofrecer una atención integral y muy ligada a los servicios sociales y a la protección del medio ambiente, así como personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional.
Todo ello desde la digitalización, con el ciudadano como protagonista copartícipe, con el profesional sanitario como principal activo y con la industria farmacéutica, las empresas de tecnología sanitaria, la sanidad privada… como aliados estratégicos.
La sanidad que necesitamos los españoles para hacer posible el bienestar que deseamos será desde las sinergias entre todos los agentes que conforman el sector –incluidas las administraciones-, o no será.
Así debería entenderlo el Gobierno de Pedro Sánchez, pero lejos de hacerlo, se posiciona en el extremo opuesto con acciones como el abandono de las propuestas de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica consensuadas en el Congreso de los Diputados.
El Pacto de Estado, la Agencia Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial, la reserva estratégica de productos sanitarios críticos… entre otras propuestas para hacer sostenible el SNS y reforzar su capacidad para proteger nuestra salud, siguen pendientes nueve meses después de su aprobación.
Esta dejación sólo es comparable con otras deficiencias cometidas por el propio Gobierno durante la pandemia en ámbitos como la compra de material ‘fake’, la opacidad en el número real de personas fallecidas o el incumplimiento de compromisos como vacunar al 80% de la población mayor de 80 años de todo el país antes de que terminase el pasado mes de marzo.
Frente a esta incapacidad –y la mostrada por otros Ejecutivos autonómicos como el de Castilla-La Mancha-, la salud de los españoles de hoy y del mañana requiere un esfuerzo que es responsabilidad de todos los poderes públicos y de todos los agentes que conforman el sector sanitario; un esfuerzo necesario para construir una nueva arquitectura de salud pública global.
